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Con datos obtenidos en el Servicio Médico Legal (SML) a través de la Ley de Transparencia, geolocalizamos la ubicación de hallazgo de los cuerpos ingresados entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.
El desorden burocrático, los registros erróneos y las incongruencias en los archivos del SML y el Cementerio generan dudas sobre el destino final de algunas de las víctimas de la dictadura.
A partir del golpe militar, fiscales militares abrieron sumarios a personas que llevaban semanas muertas o se encontraban desaparecidas.
La morgue de Santiago fue inundada de cadáveres recogidos de la vía pública o dejados por camiones militares, que repletaban salas, pasillos y escaleras a la espera de su turno para una somera autopsia.
A pesar de la evidente acción de terceros en las muertes de ejecutados, a menudo causadas por múltiples heridas de bala, pocos informes de autopsia indicaron si se trataba de un homicidio, como estaban obligados por ley.
El análisis de los datos de la morgue de Santiago y otras tres ciudades del país durante 1973 apunta a 150 casos que, dada las características de sus muertes, podrían engrosar la lista de ejecutados políticos.
El libro de ingreso de fallecidos a la morgue reveló la errónea calificación como víctima de la represión política a un hombre que murió acuchillado más de una semana antes del golpe militar, al confundirse sus datos por los de otra persona con una extraña similitud de nombre.
A partir del mismo día del golpe militar y hasta fines de 1973, las fiscalías militares tomaron el control jurisdiccional de la muerte de 785 personas cuyas muertes tenían la obligación legal de investigar. Sin embargo los documentos de la época muestran que nunca se abrió ningún sumario.
Graves errores fueron cometidos en la identificación de fallecidos en la morgue, poniendo en duda la real identidad de las personas trasladadas al cementerio, o impidiendo asociar una identidad con un cuerpo.