Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?

Por | Ene 9th, 2012 | 0 comentarios

por Pascale Bonnefoy M.

Tumbas en el Cementerio General de Santiago. Fotografía:

Tumbas en el Cementerio General de Santiago. Fotografía: David Burnett/Contact Press Images.

A las morgues de Santiago, Antofagasta, Quillota y Valdivia[1] ingresaron los cuerpos de 150 personas durante los tres primeros meses de dictadura militar que, dada las características de sus muertes, podrían tratarse de posibles ejecutados políticos que no han sido calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

De ellos, 84 cuerpos permanecieron como “NN”[2], es decir, sin identificar,[3] por lo que fue imposible que sus casos pudieran ser presentados ante las tres comisiones de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han emitido informes oficiales al respecto desde 1991.[4]

Esta información del SML permitiría cruzar las circunstancias de sus muertes –por ejemplo, la fecha, hora y lugar del deceso– con los datos sobre detenidos-desaparecidos disponibles en estos informes.

Los otros 68 están plenamente identificados pero hasta el momento no han sido calificados como víctimas. No fue posible saber si las comisiones investigaron los casos o si bien tomaron alguna determinación al respecto.

En los 150 casos “potenciales” compilados por ArchivosChile, los datos entregados por el Servicio Médico Legal sobre fallecidos entre septiembre y diciembre de 1973 permiten conjugar las circunstancias y naturaleza de sus muertes. Al cruzar la información, los datos apuntan en el sentido de que se trataría de probables víctimas de la represión política, al seguir un mismo patrón que las víctimas calificadas. Las características consideradas incluyen la causa y lugar de muerte, la jurisdicción militar sobre sus casos y el lugar desde donde fue derivado el cuerpo a la morgue (la “procedencia”).

ArchivosChile publica la lista de los 150 casos (ver lista completa) con los datos correspondientes del Servicio Médico Legal. La columna “Causa Potencial Caso DH” indica las distintas categorías que caracterizan a estos muertos como potenciales ejecutados políticos: “FM” se refiere a la jurisdicción de la Fiscalía Militar; “DAF” alude a Disparo de Arma de Fuego como causa de muerte; “Herida” indica la naturaleza de la herida mortal; y “Lugar” se refiere al lugar del deceso o a la procedencia.

La totalidad de estas 150 personas murió por heridas de bala o víctimas de “explosiones”, como consignan sus informes de autopsia. Por ejemplo, Francisco Contreras Morales, de Quillota, falleció a causa de una “granada en la boca”, según los registros del SML de esa ciudad, mientras que Mario Uribe Sánchez, cuyo cuerpo fue remitido por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, murió debido a una “atrición céfalo cérvico torácica por explosión de arma de fuego”, como describió sus heridas de bala en la cabeza y el pecho el médico legista Humberto Rhea.

En muchos casos, las heridas de bala descritas en los informes de autopsia indican certeras ejecuciones: disparos en la cabeza o el tórax, o verdaderos acribillamientos, con heridas de bala en múltiples partes del cuerpo. Julio Rojas Leal, por ejemplo, fue encontrado en el kilómetro 18 de la Carretera General San Martín con heridas de bala en la cara, el pecho, el abdomen y en sus extremidades, según dio cuenta el informe de autopsia. Fue asesinado el 11 de octubre de 1973.

En 14 casos los informes de autopsia consignan una acción homicida.

Además de morir baleadas, 117 de estas 150 personas fueron remitidas por fiscalías militares, lo que significa que la justicia militar asumió la jurisdicción de sus casos para una eventual investigación criminal que nunca se inició, como sucedió en 90 por ciento de los casos confirmados de derechos humanos. (Ver artículo El agujero negro de las fiscalías militares)

Otras 22 de las 150 personas aparecen en los registros del SML como remitidas por juzgados del crimen, como se seguía haciendo en los casos de muertes violentas comunes, pero la naturaleza de su causa de muerte también insinúa que podría tratarse de ejecuciones políticas. Todos ellos, salvo dos, murieron por heridas de bala en la cabeza o el tórax o en ambas partes, o por “múltiples heridas de bala”, según concluyeron sus informes de autopsia. En un caso de Antofagasta, no se anotó el tribunal que remitió el cuerpo.

En más de 80 casos se conjugaron tres, y a veces cuatro, factores que indicarían un alto grado de probabilidad de que se tratase de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La combinación de características que más se repite (“FM+DAF+Lugar”) – en 72 de los 150 fallecidos– es la jurisdicción de las fiscalías militares, el disparo de arma de fuego como causa de muerte, y el lugar del deceso o de procedencia, todo lo cual indica probable acción militar. Sólo en un caso se presenta una sola característica –el tipo de herida. Pero es dudoso que la explosión de una granada en la boca de Francisco Contreras Morales, de Quillota, se haya producido accidentalmente.

En algunas situaciones, se agrega a este cuadro el sitio donde fue encontrado el cuerpo o el lugar donde la persona murió; en muchas ocasiones se trató de sitios habitualmente usados para las ejecuciones políticas.

De acuerdo a estos antecedentes, entre las potenciales víctimas políticas en Santiago, 17 fueron muertas en el Río Mapocho; otras cuatro en puentes sobre el río; 14 en canales de la Región Metropolitana; cinco en avenida Departamental con Macul; tres en el Cementerio Metropolitano; dos en la Escuela de Infantería de San Bernardo; dos en la Carretera General San Martín y dos en el Cerro Chena.

También hubo heridos de bala muertos en el Regimiento Guardia Vieja, como Nelson Cañas Alegría; en “arsenales de guerra”, como Domingo Alfaro Norambuena; y en la Escuela de Especialidades, como Mario Jara Gómez.

El lugar de procedencia, es decir, desde donde era derivado el cuerpo hacia la morgue, también da luces sobre la posible condición de ejecutado político. En 32 casos, la procedencia era “Fiscalía Militar” y en otros 11, “Fiscalía”. También se anotaron lugares de procedencia como “Fuerza Aérea” y “Regimiento Tacna”.

Respecto de José Manuel Salas y Eduardo Cubillas Portillas, ambos de Antofagasta, la procedencia que anotó la morgue de esa ciudad fue la “Jefatura de Zona en Estado de Sitio”, en el caso de Salas, y en el de Cubillas, el “Batallón Telecomunicaciones Nº 1”. Esto ofrece un fuerte indicio de que sus muertes no fueron crímenes comunes.

Y hay un caso aún más evidente: el de Luis Curivil Pranamil, cuyos datos de la morgue fueron recogidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para calificar como víctima de violaciones a los derechos humanos a otra persona con una sorprendente similitud de nombre: Luis Curivil Tranamil, asesinado por desconocidos antes del golpe militar. (Ver: El extraño caso de los dos Luis Curivil)

Lea también:

[1] ArchivosChile sólo pudo obtener los datos de 14 ciudades del país, además de Santiago, de acuerdo a la disponibilidad de archivos de regiones en el Servicio Médico Legal.

[2] Uno fue anotado en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue como “Osamentas”, a pesar de que se determinó que había fallecido el 14 de septiembre de 1973 y llegó a la morgue sólo dos semanas después.

[3] En el caso de 43 de estos NN, el Registro Civil anotó en sus fichas dactiloscópicas que las huellas eran inclasificables por falta de epidermis, o no venían con huellas, por lo que le era imposible identificarlos. En otros seis casos, informó a la morgue que las huellas no figuraban en su archivo; es decir, la persona que se requería identificar no estaba inscrita en el Servicio de Registro Civil.

[4] La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1991), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011).

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