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Consejos de Guerra: Ejecutar primero, enjuiciar después

por Pascale Bonnefoy M.

Detenidos del 11 de septiembre de 1973

Después del golpe militar de 1973 centenares de cuerpos de los fusilados se apilaban en la morgue. Nadie –ni juzgados civiles ni militares- investigaron sus muertes. Sin embargo, pill los fiscales militares ad hoc sí se preocuparon de someter a sumarios y a Consejos de Guerra a algunas personas ya ejecutadas o desaparecidas.

Los libros sobre estados de causa del Segundo Juzgado Militar de Santiago a los que ArchivosChile tuvo acceso documentan cómo la burocracia de la justicia militar seguía su marcha, sometiendo a centenares de prisioneros políticos a sumarios en los primeros meses de dictadura militar. Entre los casos, fiscales militares también abrieron sumarios en contra de 18 personas que llevaban semanas muertas o desaparecidas.

La Ley de Transparencia no aplica a los tribunales de justicia, incluyendo a los militares, por lo que no se pudo solicitar acceso a los expedientes y documentos de los juzgados militares en calidad de información pública. Sin embargo, se le permitió a ArchivosChile revisar — pero no fotografiar o copiar — los libros con los estados de causa de sumarios abiertos en 1973 en el Archivo del Segundo Juzgado Militar de Santiago. Los libros contienen un breve resumen de la trayectoria de cada causa que se abrió “en tiempos de guerra” a partir del golpe militar. La mayoría se refiere a acusaciones de infracción a las leyes de Seguridad Interior del Estado y de Control de Armas, pero los cargos también incluían “delitos” como “Extremista”, “Activista”, “Actividades Políticas” y en algunos pocos casos, “Toque de queda”.[1]

Los libros sobre estado de causas confirman que no se abrió ningún sumario respecto de los 785 casos de muertes violentas cuya jurisdicción fue asumida por las fiscalías militares, según quedó estampado en el libro de ingreso de fallecidos al Servicio Médico Legal de 1973. (Ver: El agujero negro de las fiscalías militares)

La única excepción fue la muerte del Presidente Salvador Allende. Al finalizar diciembre de 1973, un fiscal militar abrió una investigación sobre su muerte, que, según la autopsia oficial, se trató de un suicidio.

Los expedientes mismos a los que se refería el libro sobre estado de causas no estaban disponibles. Fueron destruidos en 1989, poco antes de la transición al gobierno democrático. (Ver: La piromanía del ’89: Expedientes incinerados)

Existen tres libros de estado de causas del año 1973. Dos de ellos son la continuación correlativa de las causas vistas antes del golpe militar, donde la anotación manuscrita “Tiempos de Guerra” encabeza el inicio de los sumarios post-golpe. Estos dos libros revelan que a partir del golpe militar se abrieron cerca de 400 sumarios en contra de prisioneros políticos y algunos pocos en contra de militares por diversos delitos no relacionados con la represión política.

Casi 200 de los sumarios se referían a prisioneros del Estadio Nacional y la gran mayoría fue instruida por fiscales de Carabineros, entre ellos Harry Grunewaldt– quien utilizó frecuentemente la acusación de “Activista” y “Extremista”– Renato Arellano, Emilio Pomar, Jaime Barría y Jaime Rojas Olea. Otros fiscales que aparecen a cargo de sumarios pero cuya rama no se indica en los libros fueron Emilio Domarc y Antonio Salamero. Algunos de los fiscales del Ejército que llevaron a cabo sumarios en la época fueron Horacio Ried Undurraga y Joaquín Earlbaum Thomas. Extrañamente, uno de los más conocidos fiscales militares de la época, Rolando Melo Silva, quien llegó a trabajar en la Segunda Fiscalía Militar a mediados de 1973, no figura a cargo de ninguno de los sumarios de esos meses.

Ejecutar primero, enjuiciar después

Lo más notorio de estos libros son los procedimientos seguidos en contra de personas que ya habían sido ejecutadas o desaparecidas. Según estos archivos, la Segunda Fiscalía Militar de Santiago abrió cinco sumarios en contra de 18 personas que ya habían sido asesinadas o se encontraban desaparecidas. (Ver tabla)

Ricardo Pardo Tobar
Ricardo Pardo Tobar, ex boina negra del Ejército y militante del MIR. Foto: Carnet de identidad entregado por su familia.

Uno de ellos era Ricardo Pardo Tobar, ex boina negra del Ejército y militante del MIR. Pardo había sido arrestado el 10 de octubre de 1973 y llevado al Estadio Nacional. Un mes más tarde, el fiscal Renato Arellano abrió un sumario (Rol 626-73) en contra de Pardo, acusándolo de “Activista”. En junio de 1974, el fiscal solicitó el sobreseimiento temporal de la causa y en agosto, el Juez Militar aprobó el dictamen, ordenando la suspensión del procedimiento porque el acusado se encontraba “en rebeldía”.

La “rebeldía” de Pardo Tobar se debía a que yacía en una sepultura del Patio 29 del Cementerio General, según se indica en los archivos del Cementerio General y como pudo comprobar su familia pocos meses más tarde, cuando recuperó su cuerpo de ese lugar. Ricardo Pardo había sido ejecutado en el Estadio Nacional la misma noche de su detención, como acredita el libro de ingreso al Servicio Médico Legal (SML), conocido como “libro Transfer”. (Ver: Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973)

Ese libro del SML anotó el ingreso del cadáver de Pardo con el número de protocolo 3228, con procedencia: “fiscalía militar”. El mismo archivo señala que la Segunda Fiscalía Militar recibió el informe de autopsia de Pardo el 15 de noviembre de 1973, sólo seis días después de abierto el sumario en su contra, estableciendo que había muerto por heridas de bala torácicas. Sin embargo, el sumario continuó su marcha, no para determinar los responsables de la muerte de Pardo, sino por la aún vigente acusación de “Activista” en su contra.

Otros dos ejecutados cuyos cuerpos llegaron a la morgue poco después del golpe militar también fueron sometidos a sumarios por fiscales militares semanas más tarde. El 9 de noviembre de 1973, el fiscal Antonio Salamero abrió la causa Rol 645-73 por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de tres hermanos y su padre: Juan Domingo, Víctor y Antonio Maldonado Gatica y su padre, Manuel Maldonado Miranda, presidente de un asentamiento agrícola en Lampa. Los cuatro fueron arrestados entre el 17 y 18 de septiembre de 1973 y trasladados al Fuerte Arteaga del Ejército en el campo militar de Peldehue. Sólo dos de ellos sobrevivieron.

Acerca de “El Circuito Burocrático de la Muerte”

Es una investigación de ArchivosChile, dirigida y editada por John Dinges.
Investigación principal y redacción: Pascale Bonnefoy
Edición y visualización de datos: Gabriel Mérida
ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile

En Peldehue, el padre fue brutalmente torturado; perros alemanes le destrozaron el cuerpo desde la cintura a los pies, según relató su hijo Antonio Maldonado a la autora en una entrevista en 2004. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la vía pública y enviado a la morgue el 22 de septiembre, como quedó registrado en el libro de ingreso de fallecidos al Instituto Médico Legal.

El informe de autopsia dando cuenta de que Maldonado Miranda había muerto por disparos en la cabeza y en el tórax fue enviado el 20 de noviembre a la Segunda Fiscalía Militar, que siguió tramitando un sumario en su contra.

Sobrevivir dos veces

Mientras Maldonado Miranda era torturado y ejecutado, sus tres hijos fueron trasladados al Estadio Nacional. De acuerdo al testimonio de Antonio Maldonado, en su primera noche, él y su hermano Víctor y otros tres detenidos[2] fueron sacados del recinto en un bus policial y llevados a la rotonda de avenida Grecia para ser ejecutados.

Antonio Maldonado logró escapar el fusilamiento, corriendo de manera zigzageante cuando los carabineros estaban a punto de abrir fuego, y perdiéndose entre las calles de una población. Sin embargo, fue recapturado esa misma noche por otros policías, quienes lo hirieron y devolvieron al Estadio Nacional. La noche siguiente, fue retirado del estadio nuevamente por Carabineros para ser fusilado junto a otro grupo de prisioneros[3] en el Cajón del Maipo. De nuevo, sobrevivió la ejecución tirándose a las aguas desde un precipicio cuando el pelotón abría fuego al grupo, que aún no terminaba de formarse a la orilla. Se ocultó en el lecho hasta la mañana siguiente y logró evadir sus captores, con un pie herido, tomando un bus a Santiago y eventualmente asilándose en la Embajada de Bélgica.

El cuerpo de Víctor Maldonado fue trasladado desde la vía pública a la morgue en una ambulancia militar a la mañana siguiente, según consignan los archivos del SML. Su cuerpo fue remitido por la Segunda Fiscalía Militar, la misma que abriría un sumario en su contra más de un mes después, el 9 de noviembre, a pesar de que ya el 31 de octubre había recibido el informe de autopsia dando cuenta de su muerte por heridas de bala.

Siete meses después de esta tragedia familiar, aún se tramitaba un sumario en la Segunda Fiscalía Militar. El fiscal Salamero solicitó una pena de 60 días de presidio para Juan Domingo Maldonado –quien fue trasladado del Estadio Nacional a la Penitenciaría de Santiago– y el cierre temporal de la causa en contra de Manuel y Víctor Maldonado, ambos ya ejecutados y enterrados en Lampa. También pidió una condena de 60 días al único sobreviviente, Antonio Maldonado, quien para entonces llevaba cinco meses exiliado en Bélgica.

Libro Transfer del SML

El ingreso de Manuel Maldonado quedó registrado en el Libro Transfer de la morgue, Protocolo 2798. Pinchar para leer.

La “rebeldía” de los desaparecidos

Arsenio Poupin

Arsenio Poupin, Subsecretario General de Gobierno del Presidente Salvador Allende. Foto: Memoriaviva.com

En otros dos casos, se abrieron sumarios en contra de personas desaparecidas. Sucedió con Arsenio Poupin Ossiel, quien fue Subsecretario General de Gobierno del Presidente Salvador Allende. Poupin fue arrestado desde La Moneda el día del golpe militar y llevado al Regimiento Tacna, al igual que otros 47 asesores de gobierno, detectives y miembros del Dispositivo de Seguridad del Presidente Allende (más conocido como GAP) tomados prisioneros ese día. De este grupo, 21 –incluyendo a Poupin– fueron llevados al campo militar Peldehue, en Colina, donde, según determinó la Comisión Rettig, fueron ejecutados el 13 de septiembre de 1973. A partir de entonces, los 21 se mantuvieron en calidad de detenidos-desaparecidos. Doce de ellos fueron identificados en años recientes por el SML entre los restos recuperados de Peldehue. Poupin permanece desaparecido.

La ejecución y desaparición de Poupin no impidió que semanas más tarde, el 8 de octubre, el fiscal Renato Arellano abriera la causa Rol 612-73 en contra de él y de su cónyuge, Lucía Neira Rivas, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lucía Neira se encontraba detenida en el Estadio Nacional.

El 22 de diciembre de 1973, el fiscal Arellano solicitó una condena de 10 años “en rebeldía” en su contra “por posesión de arma”. En marzo de 1974, un Consejo de Guerra declaró a Arsenio Poupin “en rebeldía”. Cuando el Consejo de Guerra dictó su resolución, Poupin llevaba seis meses desaparecido.

Algo similar sucedió con el militante del MIR, Flavio Oyarzún Soto, detenido el 12 de septiembre de 1973 y recluido en el Estadio Nacional. El 22 de octubre de 1973, mientras se encontraba detenido, el fiscal militar Horacio Ried abrió un sumario en su contra (Rol 476-73), acusándolo de “Extremista”.

Oyarzún salió en libertad bajo fianza desde la Penitenciaría de Santiago en marzo de 1974, pero en octubre de ese año, fue nuevamente detenido, esta vez por la DINA. Ese mismo mes desapareció desde el centro de torturas Cuatro Álamos, según testimonios recogidos por la Comisión Rettig.

Flavio Oyarzún Soto
Flavio Oyarzún Soto, militante del MIR. Foto: Memoriaviva.com

Tres meses más tarde, en enero de 1975, el fiscal Rolando Melo reactivó el sumario en contra de Oyarzún, y tres meses más tarde, solicitó el cierre temporal del caso hasta que se presentaran nuevas pruebas. En julio de 1975 el Juez Militar aprobó el sobreseimiento y ordenó que fuera notificado el acusado. Sin embargo, Flavio Oyarzún llevaba nueve meses desaparecido. La causa en el Segundo Juzgado Militar fue archivada en agosto de 1975.

Causa Rol 1032-73: Salvador Allende

En el Archivo del Segundo Juzgado Militar hay un tercer libro de estados de causas, con el  título “Causas Judiciales en Tiempo de Guerra Empezados 11 septiembre de 1973.”

Este libro registra la única investigación respecto de la muerte de una víctima, la causa Rol 1032-73 abierta el 31 de diciembre de 1973. Es el sumario del fiscal militar Joaquín Earlbaum Thomas sobre la muerte del Presidente Allende. La breve anotación que anuncia la apertura de una investigación sobre la muerte del derrocado presidente no es seguida por ninguna información adicional. Décadas después se hizo pública la autopsia del cuerpo de Allende, con la conclusión de que su muerte fue por suicidio. La conclusión fue ratificado por una investigación forense en julio de 2011. Ver documentos.

Salvador Allende. Fuente: BCN.cl
Salvador Allende. Fuente: BCN.cl

El sumario por la muerte de Allende fue la última causa de 1973 en “tiempo de guerra”.

La primera fue la causa Rol 1-73 y se refería a un sumario en contra de un grupo compuesto principalmente por miembros del GAP arrestados al llegar a La Moneda la mañana del 11 de septiembre.

Diez de los 13 acusados en este sumario eran miembros del GAP: Jorge Orrego González, Luis Gamboa Pizarro, Edmundo Montero Salazar, Carlos Cruz Zavala, José Carreño Calderón, Oscar Marambio Araya, Gonzalo Jorquera Leyton, Domingo Blanco Tarré, Pedro Garcés Portigliati y William Ramírez Barría. A ellos se sumaron en la misma causa el maestro pintor José Luis Sáez San Martín, Juan Pérez Salazar –quien no figura en los registros de la morgue ni en los informes Rettig y Valech– y el estudiante de economía Enrique Ropert Contreras, hijo de Miria Contreras, la “Payita”, asistente de Allende. Ropert había sido arrestado cuando fue a dejar a su madre al palacio presidencial la mañana del golpe militar.

William Ramirez Barría
William Ramírez Barría, miembro del GAP. Foto: Memoriaviva.com

Según el registro del Segundo Juzgado Militar, el caso fue denunciado por la Sexta Comisaría de Santiago, con el número de parte 97, y el sumario se inició el 13 de septiembre de 1973 – dos días después del arresto. No se indica el nombre del fiscal a cargo. Los 13 fueron acusados de infringir la Ley de Control de Armas de Fuego. Dos días después, el fiscal militar emitió su dictamen, solicitando una pena de cinco años y un día de presidio “como co-autores de delito porte de arma de fuego”.

Sin embargo, 10 de ellos fueron ejecutados días después en el Puente Bulnes, como consignan los registros del Servicio Médico Legal, que anotó el ingreso de sus cadáveres el 20 de septiembre a las 10.50 horas de la mañana. Los nombres de Domingo Blanco, Pedro Garcés y Juan Pérez no aparecen en los registros de la morgue.

Investigaciones judiciales posteriores a la dictadura militar determinaron que Domingo Blanco fue llevado el 15 de septiembre a la cárcel por orden del Segundo Juzgado Militar y retirado del lugar el 19 de septiembre por orden del mismo juzgado. Desde entonces está desaparecido. Pedro Garcés sí llegó en la morgue, porque sus huellas dactilares fueron tomadas ahí y enviadas al Registro Civil para su identificación, como lo demuestra un oficio del Registro Civil de la época. Sin embargo, el oficio omitió el número de protocolo asociado a esa identificación, por lo que nunca se pudo relacionar a cuál cuerpo en la morgue pertenecía esa identidad y permaneció como detenido-desaparecido. (Ver Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre). No hay información disponible sobre Juan Pérez.

En años recientes, los restos de Gamboa, Montero, Marambio y Garcés fueron identificados entre los restos exhumados del Patio 29 del Cementerio General.

La causa fue archivada tres días después de su apertura, el 16 de septiembre de 1973. El expediente está entre los destruidos en 1989. Sin embargo, según declaró en tribunales el abogado Fernando Guarello,[4] él tuvo la oportunidad de ver el expediente de la causa Rol 1-73 ese año, cuando concurrió a una de las fiscalías militares ubicada en el edificio del Ministerio de Defensa para consultar por la causa de uno de sus defendidos, el padre de Ropert, Enrique Ropert Gallet, quien entonces estaba detenido. En su declaración, Guarello afirma que el funcionario que lo atendió se equivocó y le pasó el expediente del hijo, el ROL 1-73.

La condena por cinco años y un día había sido firmada por el Juez Militar de Santiago, general Hermann Brady Roche, afirmó Guarello.

Enrique Ropert
Enrique Ropert, estudiante universitario

En 1990, el general Brady debió comparecer ante el Vigésimo Juzgado del Crimen para responder sobre ese sumario. En su declaración, Brady aseguró al tribunal que no poseía antecedentes sobre Enrique Ropert Contreras, “ni menos sobre su muerte”.

Otro libro disponible en el Archivo del Segundo Juzgado Militar contiene una lista por orden alfabético de los inculpados por tribunales militares. En el “Libro de inculpados” aparece el nombre de Enrique Ropert bajo la letra R, como inculpado en la causa Rol 1631, que no corresponde al número del sumario, por lo que podría tratarse de su padre, Enrique Ropert Gallet.[5]

Las demás personas incluidas en la causa Rol 1-73 junto con Ropert no fueron anotadas. Desaparecieron hasta en los libros.

 

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Tabla: Sumarios abiertos por fiscales militares en contra de ejecutados y desaparecidos

Lea también:

Tribunales Militares en Tiempo de Guerra: Autoridad Absoluta

Apenas se produjo el golpe militar y la Junta Militar dictó el Decreto Ley Nº 5, declarando que el estado de sitio por conmoción interna impuesto el día anterior debía entenderse como “estado o tiempo de guerra”, comenzaron a operar los “tribunales militares en tiempo de guerra”.

Esto significó que, a diferencia de los tribunales militares en tiempo de paz, los acusados en Consejos de Guerra no tenían las mismas garantías y derechos, ni de defensa ni de apelación, de acuerdo a lo establecido en el Código de Justicia Militar.

En tiempos de paz, los tribunales militares consistían en Juzgados Militares que correspondían a las divisiones del Ejército (por ejemplo, el II Juzgado Militar de la II División de Ejército en el caso de Santiago).[6] El Juez Militar ordenaba un sumario y los fiscales de las distintas Fiscalías Militares del país investigaban (en 1973, en Santiago existían la Primera y la Segunda Fiscalías Militares). Luego, el fiscal militar elevaba su dictamen y proponía una acusación al Juez Militar. El juez podía aceptar o modificar el dictamen del fiscal y emitía la acusación. El acusado tenía entonces una oportunidad de defensa y dos instancias de apelación: la Corte Marcial y la Corte Suprema; a esta última se integraba un Auditor General de Ejército para esos efectos.

Sin embargo, con el funcionamiento de los “tribunales en tiempo de guerra” de hecho no existía ninguna instancia de apelación. La Constitución de 1925, aún vigente después del golpe militar, establecía explícitamente que la Corte Suprema mantenía la supervisión sobre todos los tribunales del país, incluyendo los tribunales militares. Poco tiempo después del golpe militar, sin embargo, la Corte Suprema se desentendió de su función supervisora de los tribunales militares de tiempo de guerra. En la primera apelación que se le presentó por un Consejo de Guerra en noviembre de 1973, la Corte Suprema resolvió que no tenía jurisdicción sobre los tribunales militares en tiempo de guerra. A partir de entonces y con este precedente, la Corte Suprema se auto-excluyó de la supervisión de estos tribunales que le correspondía según la constitución.[7]

De acuerdo al Código de Justicia Militar, en “tiempo de guerra”, el “General en jefe” de la zona (en el caso de Santiago, el general Hermann Brady Roche) nombraba fiscales militares ad hoc que “iniciarán y sustanciarán todos los procesos por los delitos cometidos dentro del territorio que ocupen o en que operen las fuerzas a que estén agregados, hasta dejarlos en estado de ser sometidos al Consejo de Guerra correspondiente”.[8]

“En tiempos de guerra no había tribunales permanentes,” afirma un ex fiscal militar de la época. “La Primera y Segunda Fiscalías Militares seguían existiendo físicamente y seguían tramitando causas iniciadas antes del 11 de septiembre, pero para efectos de la justicia en tiempos de guerra, sólo había fiscales designados ad hoc. El Juez Militar seguía viendo casos anteriores como juez militar y con los procedimientos habituales, y por otro lado, asumía funciones supremas de tiempos de guerra.”

El fallo del Consejo de Guerra era inapelable, según el Código de Justicia Militar.

El general Brady, Juez Militar de Santiago, era a la vez Comandante de la II División del Ejército y de la Guarnición de Santiago, y Jefe de la Zona en Estado de Sitio. En esa capacidad, estaba a cargo del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) correspondiente a la Segunda División del Ejército en la capital.

El CAJSI operaba desde el Cuartel General de la II División de Ejército, entonces en el sexto piso del edificio de las Fuerzas Armadas en calle Zenteno.

Desde el CAJSI, bajo las órdenes del Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, se ordenaron y dirigieron las operaciones militares en Santiago que resultaron, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en 785 muertos cuyos casos cayeron bajo la jurisdicción de las fiscalías militares.

Como ArchivosChile pudo confirmar, las fiscalías militares no investigaron ninguno de estos casos.

 


Sumarios abiertos por fiscales militares en contra de ejecutados y desaparecidos

[1] En tiempos de paz, las causas en las fiscalías militares se referían exclusivamente a delitos o infracciones cometidos por militares, deserciones, maltrato o violencia innecesaria hacia civiles, o la muerte de militares, por ejemplo.

[2] Los hermanos Paulino y Juan Órdenes Simón y Amalindo Beíza Beíza.

[3] Con Maldonado iban el ingeniero Jorge Ruz Zúñiga, el estudiante Nilson Vallejos Aguilera, el brasileño José Nobrega Araujo y un delincuente común que no ha podido ser identificado. Nobrega también sobrevivió el fusilamiento. Ruz (protocolo 2801) ingresó a la morgue como NN y sus restos fueron identificados recientemente en el Patio 29. Vallejos (protocolo 2799) también ingresó a la morgue. El supuesto delincuente común ejecutado con ellos podría corresponder al NN que ingresó a la morgue con el protocolo 2800 el mismo dia y hora que Ruz y Vallejos, todos remitidos porla Segunda Fiscalía Militar.

[4] Declaración de Fernando Guarello Zegers ante el Vigésimo Juzgado del Crimen en la causa Rol 16.805 por el homicidio calificado de Enrique Ropert Contreras presentada en 1987.

[5] Enrique Ropert Gallet fue trasladado desde el Estadio Nacional ala Cárcel Pública y expulsado a Francia en 1974.

[6] En 1973, había siete Divisiones de Ejército en el país y por lo tanto, siete Juzgados Militares.La Armada tenía cuatro Juzgados Militares yla Fuerza Aérea sólo uno, en Santiago.

[7] La Constitución de 1980 confirmó esta situación de hecho. El Capítulo VI sobre el Poder Judicial, artículo 79, establecía: “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra.” La reforma ala Constitución en 2005 eliminó la referencia a los tribunales militares de tiempo de guerra.

[8] Artículo 80 del Código de Justicia Militar.

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