Las fiscalías militares sometieron a juicio a centenares de prisioneros políticos. Foto: detenidos en las afueras de La Moneda, 11 de septiembre de 1973

• Recuadro: Tribunales Militares en Tiempo de Guerra: Autoridad Absoluta
• Tabla: Sumarios abiertos por fiscales militares en contra de ejecutados y desaparecidos

Después del golpe militar de 1973 centenares de cuerpos de los fusilados se apilaban en la morgue. Nadie –ni juzgados civiles ni militares- investigaron sus muertes. Sin embargo, los fiscales militares ad hoc sí se preocuparon de someter a sumarios y a Consejos de Guerra a algunas personas ya ejecutadas o desaparecidas.

Los libros sobre estados de causa del Segundo Juzgado Militar de Santiago a los que ArchivosChile tuvo acceso documentan cómo la burocracia de la justicia militar seguía su marcha, sometiendo a centenares de prisioneros políticos a sumarios en los primeros meses de dictadura militar. Entre los casos, fiscales militares también abrieron sumarios en contra de 18 personas que llevaban semanas muertas o desaparecidas.

La Ley de Transparencia no aplica a los tribunales de justicia, incluyendo a los militares, por lo que no se pudo solicitar acceso a los expedientes y documentos de los juzgados militares en calidad de información pública. Sin embargo, se le permitió a ArchivosChile revisar — pero no fotografiar o copiar — los libros con los estados de causa de sumarios abiertos en 1973 en el Archivo del Segundo Juzgado Militar de Santiago. Los libros contienen un breve resumen de la trayectoria de cada causa que se abrió “en tiempos de guerra” a partir del golpe militar. La mayoría se refiere a acusaciones de infracción a las leyes de Seguridad Interior del Estado y de Control de Armas, pero los cargos también incluían “delitos” como “Extremista”, “Activista”, “Actividades Políticas” y en algunos pocos casos, “Toque de queda”.[1]

Los libros sobre estado de causas confirman que no se abrió ningún sumario respecto de los 785 casos de muertes violentas cuya jurisdicción fue asumida por las fiscalías militares, según quedó estampado en el libro de ingreso de fallecidos al Servicio Médico Legal de 1973. (Ver: El agujero negro de las fiscalías militares)

La única excepción fue la muerte del Presidente Salvador Allende. Al finalizar diciembre de 1973, un fiscal militar abrió una investigación sobre su muerte, que, según la autopsia oficial, se trató de un suicidio.

Los expedientes mismos a los que se refería el libro sobre estado de causas no estaban disponibles. Fueron destruidos en 1989, poco antes de la transición al gobierno democrático. (Ver: La piromanía del ’89: Expedientes incinerados)

Existen tres libros de estado de causas del año 1973. Dos de ellos son la continuación correlativa de las causas vistas antes del golpe militar, donde la anotación manuscrita “Tiempos de Guerra” encabeza el inicio de los sumarios post-golpe. Estos dos libros revelan que a partir del golpe militar se abrieron cerca de 400 sumarios en contra de prisioneros políticos y algunos pocos en contra de militares por diversos delitos no relacionados con la represión política.

Casi 200 de los sumarios se referían a prisioneros del Estadio Nacional y la gran mayoría fue instruida por fiscales de Carabineros, entre ellos Harry Grunewaldt– quien utilizó frecuentemente la acusación de “Activista” y “Extremista”– Renato Arellano, Emilio Pomar, Jaime Barría y Jaime Rojas Olea. Otros fiscales que aparecen a cargo de sumarios pero cuya rama no se indica en los libros fueron Emilio Domarc y Antonio Salamero. Algunos de los fiscales del Ejército que llevaron a cabo sumarios en la época fueron Horacio Ried Undurraga y Joaquín Earlbaum Thomas. Extrañamente, uno de los más conocidos fiscales militares de la época, Rolando Melo Silva, quien llegó a trabajar en la Segunda Fiscalía Militar a mediados de 1973, no figura a cargo de ninguno de los sumarios de esos meses.

Ejecutar primero, enjuiciar después

Lo más notorio de estos libros son los procedimientos seguidos en contra de personas que ya habían sido ejecutadas o desaparecidas. Según estos archivos, la Segunda Fiscalía Militar de Santiago abrió cinco sumarios en contra de 18 personas que ya habían sido asesinadas o se encontraban desaparecidas. (Ver tabla)

Uno de ellos era Ricardo Pardo Tobar, ex boina negra del Ejército y militante del MIR. Pardo había sido arrestado el 10 de octubre de 1973 y llevado al Estadio Nacional. Un mes más tarde, el fiscal Renato Arellano abrió un sumario (Rol 626-73) en contra de Pardo, acusándolo de “Activista”. En junio de 1974, el fiscal solicitó el sobreseimiento temporal de la causa y en agosto, el Juez Militar aprobó el dictamen, ordenando la suspensión del procedimiento porque el acusado se encontraba “en rebeldía”.

La “rebeldía” de Pardo Tobar se debía a que yacía en una sepultura del Patio 29 del Cementerio General, según se indica en los archivos del Cementerio General y como pudo comprobar su familia pocos meses más tarde, cuando recuperó su cuerpo de ese lugar. Ricardo Pardo había sido ejecutado en el Estadio Nacional la misma noche de su detención, como acredita el libro de ingreso al Servicio Médico Legal (SML), conocido como “libro Transfer”. (Ver: Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973)

Ese libro del SML anotó el ingreso del cadáver de Pardo con el número de protocolo 3228, con procedencia: “fiscalía militar”. El mismo archivo señala que la Segunda Fiscalía Militar recibió el informe de autopsia de Pardo el 15 de noviembre de 1973, sólo seis días después de abierto el sumario en su contra, estableciendo que había muerto por heridas de bala torácicas. Sin embargo, el sumario continuó su marcha, no para determinar los responsables de la muerte de Pardo, sino por la aún vigente acusación de “Activista” en su contra.

Otros dos ejecutados cuyos cuerpos llegaron a la morgue poco después del golpe militar también fueron sometidos a sumarios por fiscales militares semanas más tarde. El 9 de noviembre de 1973, el fiscal Antonio Salamero abrió la causa Rol 645-73 por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de tres hermanos y su padre: Juan Domingo, Víctor y Antonio Maldonado Gatica y su padre, Manuel Maldonado Miranda, presidente de un asentamiento agrícola en Lampa. Los cuatro fueron arrestados entre el 17 y 18 de septiembre de 1973 y trasladados al Fuerte Arteaga del Ejército en el campo militar de Peldehue. Sólo dos de ellos sobrevivieron.

En Peldehue, el padre fue brutalmente torturado; perros alemanes le destrozaron el cuerpo desde la cintura a los pies, según relató su hijo Antonio Maldonado a la autora en una entrevista en 2004. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la vía pública y enviado a la morgue el 22 de septiembre, como quedó registrado en el libro de ingreso de fallecidos al Instituto Médico Legal.

El informe de autopsia dando cuenta de que Maldonado Miranda había muerto por disparos en la cabeza y en el tórax fue enviado el 20 de noviembre a la Segunda Fiscalía Militar, que siguió tramitando un sumario en su contra.

Sobrevivir dos veces

Mientras Maldonado Miranda era torturado y ejecutado, sus tres hijos fueron trasladados al Estadio Nacional. De acuerdo al testimonio de Antonio Maldonado, en su primera noche, él y su hermano Víctor y otros tres detenidos[2] fueron sacados del recinto en un bus policial y llevados a la rotonda de avenida Grecia para ser ejecutados.

Antonio Maldonado logró escapar el fusilamiento, corriendo de manera zigzageante cuando los carabineros estaban a punto de abrir fuego, y perdiéndose entre las calles de una población. Sin embargo, fue recapturado esa misma noche por otros policías, quienes lo hirieron y devolvieron al Estadio Nacional. La noche siguiente, fue retirado del estadio nuevamente por Carabineros para ser fusilado junto a otro grupo de prisioneros[3] en el Cajón del Maipo. De nuevo, sobrevivió la ejecución tirándose a las aguas desde un precipicio cuando el pelotón abría fuego al grupo, que aún no terminaba de formarse a la orilla. Se ocultó en el lecho hasta la mañana siguiente y logró evadir sus captores, con un pie herido, tomando un bus a Santiago y eventualmente asilándose en la Embajada de Bélgica.

El cuerpo de Víctor Maldonado fue trasladado desde la vía pública a la morgue en una ambulancia militar a la mañana siguiente, según consignan los archivos del SML. Su cuerpo fue remitido por la Segunda Fiscalía Militar, la misma que abriría un sumario en su contra más de un mes después, el 9 de noviembre, a pesar de que ya el 31 de octubre había recibido el informe de autopsia dando cuenta de su muerte por heridas de bala.

Siete meses después de esta tragedia familiar, aún se tramitaba un sumario en la Segunda Fiscalía Militar. El fiscal Salamero solicitó una pena de 60 días de presidio para Juan Domingo Maldonado –quien fue trasladado del Estadio Nacional a la Penitenciaría de Santiago– y el cierre temporal de la causa en contra de Manuel y Víctor Maldonado, ambos ya ejecutados y enterrados en Lampa. También pidió una condena de 60 días al único sobreviviente, Antonio Maldonado, quien para entonces llevaba cinco meses exiliado en Bélgica.

El ingreso de Manuel Maldonado quedó registrado en el Libro Transfer de la morgue, Protocolo 2798. Pinchar para leer.

La “rebeldía” de los desaparecidos

Arsenio Poupin, Subsecretario General de Gobierno del Presidente Salvador Allende. Foto: Memoriaviva.com

En otros dos casos, se abrieron sumarios en contra de personas desaparecidas. Sucedió con Arsenio Poupin Ossiel, quien fue Subsecretario General de Gobierno del Presidente Salvador Allende. Poupin fue arrestado desde La Moneda el día del golpe militar y llevado al Regimiento Tacna, al igual que otros 47 asesores de gobierno, detectives y miembros del Dispositivo de Seguridad del Presidente Allende (más conocido como GAP) tomados prisioneros ese día. De este grupo, 21 –incluyendo a Poupin– fueron llevados al campo militar Peldehue, en Colina, donde, según determinó la Comisión Rettig, fueron ejecutados el 13 de septiembre de 1973. A partir de entonces, los 21 se mantuvieron en calidad de detenidos-desaparecidos. Doce de ellos fueron identificados en años recientes por el SML entre los restos recuperados de Peldehue. Poupin permanece desaparecido.

La ejecución y desaparición de Poupin no impidió que semanas más tarde, el 8 de octubre, el fiscal Renato Arellano abriera la causa Rol 612-73 en contra de él y de su cónyuge, Lucía Neira Rivas, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lucía Neira se encontraba detenida en el Estadio Nacional.

El 22 de diciembre de 1973, el fiscal Arellano solicitó una condena de 10 años “en rebeldía” en su contra “por posesión de arma”. En marzo de 1974, un Consejo de Guerra declaró a Arsenio Poupin “en rebeldía”. Cuando el Consejo de Guerra dictó su resolución, Poupin llevaba seis meses desaparecido.

Algo similar sucedió con el militante del MIR, Flavio Oyarzún Soto, detenido el 12 de septiembre de 1973 y recluido en el Estadio Nacional. El 22 de octubre de 1973, mientras se encontraba detenido, el fiscal militar Horacio Ried abrió un sumario en su contra (Rol 476-73), acusándolo de “Extremista”.

Oyarzún salió en libertad bajo fianza desde la Penitenciaría de Santiago en marzo de 1974, pero en octubre de ese año, fue nuevamente detenido, esta vez por la DINA. Ese mismo mes desapareció desde el centro de torturas Cuatro Álamos, según testimonios recogidos por la Comisión Rettig.

Tres meses más tarde, en enero de 1975, el fiscal Rolando Melo reactivó el sumario en contra de Oyarzún, y tres meses más tarde, solicitó el cierre temporal del caso hasta que se presentaran nuevas pruebas. En julio de 1975 el Juez Militar aprobó el sobreseimiento y ordenó que fuera notificado el acusado. Sin embargo, Flavio Oyarzún llevaba nueve meses desaparecido. La causa en el Segundo Juzgado Militar fue archivada en agosto de 1975.

Causa Rol 1032-73: Salvador Allende

En el Archivo del Segundo Juzgado Militar hay un tercer libro de estados de causas, con el  título “Causas Judiciales en Tiempo de Guerra Empezados 11 septiembre de 1973.”

Este libro registra la única investigación respecto de la muerte de una víctima, la causa Rol 1032-73 abierta el 31 de diciembre de 1973. Es el sumario del fiscal militar Joaquín Earlbaum Thomas sobre la muerte del Presidente Allende. La breve anotación que anuncia la apertura de una investigación sobre la muerte del derrocado presidente no es seguida por ninguna información adicional. Décadas después se hizo pública la autopsia del cuerpo de Allende, con la conclusión de que su muerte fue por suicidio. La conclusión fue ratificado por una investigación forense en julio de 2011. Ver documentos.

El sumario por la muerte de Allende fue la última causa de 1973 en “tiempo de guerra”.

La primera fue la causa Rol 1-73 y se refería a un sumario en contra de un grupo compuesto principalmente por miembros del GAP arrestados al llegar a La Moneda la mañana del 11 de septiembre.

Diez de los 13 acusados en este sumario eran miembros del GAP: Jorge Orrego González, Luis Gamboa Pizarro, Edmundo Montero Salazar, Carlos Cruz Zavala, José Carreño Calderón, Oscar Marambio Araya, Gonzalo Jorquera Leyton, Domingo Blanco Tarré, Pedro Garcés Portigliati y William Ramírez Barría. A ellos se sumaron en la misma causa el maestro pintor José Luis Sáez San Martín, Juan Pérez Salazar –quien no figura en los registros de la morgue ni en los informes Rettig y Valech– y el estudiante de economía Enrique Ropert Contreras, hijo de Miria Contreras, la “Payita”, asistente de Allende. Ropert había sido arrestado cuando fue a dejar a su madre al palacio presidencial la mañana del golpe militar.

Según el registro del Segundo Juzgado Militar, el caso fue denunciado por la Sexta Comisaría de Santiago, con el número de parte 97, y el sumario se inició el 13 de septiembre de 1973 – dos días después del arresto. No se indica el nombre del fiscal a cargo. Los 13 fueron acusados de infringir la Ley de Control de Armas de Fuego. Dos días después, el fiscal militar emitió su dictamen, solicitando una pena de cinco años y un día de presidio “como co-autores de delito porte de arma de fuego”.

Sin embargo, 10 de ellos fueron ejecutados días después en el Puente Bulnes, como consignan los registros del Servicio Médico Legal, que anotó el ingreso de sus cadáveres el 20 de septiembre a las 10.50 horas de la mañana. Los nombres de Domingo Blanco, Pedro Garcés y Juan Pérez no aparecen en los registros de la morgue.

Investigaciones judiciales posteriores a la dictadura militar determinaron que Domingo Blanco fue llevado el 15 de septiembre a la cárcel por orden del Segundo Juzgado Militar y retirado del lugar el 19 de septiembre por orden del mismo juzgado. Desde entonces está desaparecido. Pedro Garcés sí llegó en la morgue, porque sus huellas dactilares fueron tomadas ahí y enviadas al Registro Civil para su identificación, como lo demuestra un oficio del Registro Civil de la época. Sin embargo, el oficio omitió el número de protocolo asociado a esa identificación, por lo que nunca se pudo relacionar a cuál cuerpo en la morgue pertenecía esa identidad y permaneció como detenido-desaparecido. (Ver Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre). No hay información disponible sobre Juan Pérez.

En años recientes, los restos de Gamboa, Montero, Marambio y Garcés fueron identificados entre los restos exhumados del Patio 29 del Cementerio General.

La causa fue archivada tres días después de su apertura, el 16 de septiembre de 1973. El expediente está entre los destruidos en 1989. Sin embargo, según declaró en tribunales el abogado Fernando Guarello,[4] él tuvo la oportunidad de ver el expediente de la causa Rol 1-73 ese año, cuando concurrió a una de las fiscalías militares ubicada en el edificio del Ministerio de Defensa para consultar por la causa de uno de sus defendidos, el padre de Ropert, Enrique Ropert Gallet, quien entonces estaba detenido. En su declaración, Guarello afirma que el funcionario que lo atendió se equivocó y le pasó el expediente del hijo, el ROL 1-73.

La condena por cinco años y un día había sido firmada por el Juez Militar de Santiago, general Hermann Brady Roche, afirmó Guarello.

En 1990, el general Brady debió comparecer ante el Vigésimo Juzgado del Crimen para responder sobre ese sumario. En su declaración, Brady aseguró al tribunal que no poseía antecedentes sobre Enrique Ropert Contreras, “ni menos sobre su muerte”.

Otro libro disponible en el Archivo del Segundo Juzgado Militar contiene una lista por orden alfabético de los inculpados por tribunales militares. En el “Libro de inculpados” aparece el nombre de Enrique Ropert bajo la letra R, como inculpado en la causa Rol 1631, que no corresponde al número del sumario, por lo que podría tratarse de su padre, Enrique Ropert Gallet.[5]

Las demás personas incluidas en la causa Rol 1-73 junto con Ropert no fueron anotadas. Desaparecieron hasta en los libros.

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Tabla: Sumarios abiertos por fiscales militares en contra de ejecutados y desaparecidos

Lea también:

• Introducción
• Vea el mapa interactivo
• Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer
• Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”
• Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
• El agujero negro de las fiscalías militares
  • La piromanía del ’89: Expedientes incinerados
• Consejos de Guerra: Ejecutar primero, enjuiciar después
• Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
• El extraño caso de los dos Luis Curivil
• Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973
• El Libro Transfer del Instituto Médico Legal

Sepulturas de ejecutados de septiembre de 1973. Fotografía de David Burnett/Contact Press Images

La maquinaria para ejecutar y desaparecer personas se puso en marcha inmediatamente, y los primeros cuerpos de personas acribilladas llegaron a la morgue de Santiago en la noche (20 horas) del 11 de septiembre. Con la intervención militar en todos los servicios del Estado se alteraron los procedimientos normales en las instituciones que, en tiempos normales, estaban a cargo de la investigación de las muertes violentas, empezando con el Servicio Médico Legal (SML) y la morgue de Santiago. En las semanas siguientes, cuando murió el mayor número de personas debido a la represión politica, se constituyó un verdadero circuito burocrático de la muerte entre cuatro instituciones: el SML, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Cementerio General de Santiago y las fiscalías militares, que con distintos grados de connivencia y negligencia sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones políticas.

El caos de esas primeras semanas podría explicar sólo una parte de los errores y omisiones que se cometieron; el caos sirvió más bien al propósito de las nuevas autoridades. Aunque los juzgados de crimen quedaron intactos, fueron desplazados a partir del primer día para investigar estas muertes. Las muertes por herida de bala y con indicios de haber sido causadas por fuerzas militares o policiales quedaron bajo la jurisdicción de fiscalías militares. Con esto se implementó un sistema de hecho que sirvió no para hacer justicia, sino para ignorar legalmente y encubrir los crímenes.

La investigación de más de un año de ArchivosChile se basa en documentación  obtenida a través de la Ley de Transparencia del SML y del Registro Civil y la revisión de los archivos del Segundo Juzgado Militar y el Cementerio General. Esta documentación permite seguir los pasos día a día del tratamiento de todas las víctimas cuyos cuerpos llegaron a la morgue de Santiago entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. La investigación se complementó con decenas de entrevistas a personas que trabajaron en las instituciones y conocieron directamente las secuelas del nuevo sistema impuesto.

ArchivosChile pone ahora a disposición del público, a través de www.archivoschile.org, todos los documentos originales y las bases de datos que no sólo revelan como operaron los distintos organismos, sino también permiten examinar los datos de cada caso y analizarlos desde un punto de vista global o individual. Los datos forman la base de un mapa interactivo que presenta en forma dinámica el avance día a día de la avalancha de ejecutados cuyos cuerpos fueron recogidos de las calles, ríos y otros lugares de la ciudad, y entregados a la morgue. Vea el mapa interactivo

El Servicio Médico Legal, por resolución del Consejo para la Transparenciaa favor de ArchivosChile, entregó en forma de base de datos Excel los registros de fallecidos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 en Santiago y otras 14 ciudades del país. También permitió a ArchivosChile fotografiar las 69 páginas del libro de ingreso de fallecidos, conocido en el servicio como el “Libro Transfer”, donde los funcionarios anotaron los detalles de la trayectoria de cada fallecido en la morgue, desde su llegada hasta su entrega para la sepultación. El Servicio Médico Legal entregó otros detalles esenciales para entender el trabajo de la institución en ese periodo tan controversial: basándose en los informes de autopsia de cada fallecido, los funcionarios del SML complementaron la base de datos con la causa de muerte y la descripción de la lesión mortal de cada caso.

Estos datos, como se verá en los reportajes, permiten reconstruir por primera vez y con nuevos detalles la sistemática actuación de militares y policías en las ejecuciones masivas, junto con su interacción con las instituciones que fueron legalmente constituidas en tiempos normales para la investigación de muertes violentas.

A partir del 11 de septiembre se creó un escenario dantesco en la morgue de Santiago. Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar con un número varias veces mayor. Sólo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. Lea: Dentro del Instituto Médico Legal: Cadáveres al amanecer

Los medicos legistas encargados de practicar las autopsis para determinar si las muertes habían sido ocasionadas por la acción de terceros—es decir, si se trataba de un homicidio—hicieron un trabajo técnicamente correcto, pero en la mayoría de los casos evitaron pronunciarse sobre la evidente naturaleza homicida de las muertes por herida de bala cuando se trataba de casos relacionados con la represión militar. Lea: Dentro del Instituto Médico Legal: “Autopsias sucintas”

La investigación sobre la base de estos registros permite concluir con un alto grado de certeza que hubo 150 personas ingresadas a la morgue, quienes, por las circunstancias de sus muertes, podrían corresponder a víctimas de violaciones a los derechos humanos que no han sido calificadas como tales por las comisiones oficiales. Lea: Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?

Por otra parte, la investigación obtuvo gran parte de las fichas dactiloscópicas del Servicio de Registro Civil e Identificación tomadas a las víctimas en la morgue y sus oficios al SML confirmando sus identidades. Esta documentación reveló inconsistencias en las fechas de ingreso a la morgue, las fechas de muerte, sus causas y el destino final de los cuerpos. También confirma serios errores respecto de la identificación de ejecutados políticos, por lo que algunos de ellos quedaron sin identificar, y otros no figuraron nunca en el libro de ingreso del Instituto Médico Legal de Santiago. Lea: Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre

Los datos obtenidos del SML y el Registro Civil, como parte de la investigación de ArchivosChile, abren la posibilidad de seguir nuevas pistas en algunos casos de personas desaparecidas en este periodo, permitiendo cruzar la nueva información con los datos sobre detenidos-desaparecidos disponibles en los informes oficiales.

También se pudo revisar –pero no copiar o reproducir– la escasa documentación archivada en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, que asumió desde los primeros momentos la jurisdicción de la casi totalidad de muertes por herida de bala—785 de los 890 casos confirmados y potenciales de derechos humanos. Los expedientes mismos de los casos han sido quemados, asegura el Ejército, pero los libros que registraron los estados de causa revelan que nunca se abrió ninguna investigación respecto de los centenares de muertos a bala remitidos por fiscalías militares, como correspondía según las leyes y reglamentos mantenidos en vigencia por el régimen militar. Lea: El agujero negro de las fiscalías militares

ArchivosChile publicará próximamente un reportaje sobre casos en quela Segunda FiscalíaMilitar sometía a Consejos de Guerra a personas ya ejecutadas.

ArchivosChile también revisó la documentación de la época en el Cementerio General, donde fueron trasladadas desde la morgue centenares de víctimas baleadas. Estos registros muestran el ingreso de sólo una fracción de ellas, y en muchos casos, en fechas diferentes a las señaladas en los libros del SML. Muchas víctimas enviadas al Patio 29 o al crematorio del Cementerio General como NN, sin que sus familias lo supieran, ya habían sido identificadas por el Registro Civil. También se detectaron errores en las descripciones del lugar y la fecha de entierro, incluyendo víctimas “incineradas como indigentes”, lo que en algunos casos resultó ser falso.

ArchivosChile publicará reportajes sobre la salida de la morgue y el Cementerio General en las próximas semanas.

Los registros del SML que ahora se ponen a disposición del público dan cuenta del ingreso de fallecidos a la morgue; la fecha, lugar y causa de muerte: los nombres de los médicos que practicaron las autopsias; el tribunal o fiscalía que remitió el cuerpo; la fecha en que fue retirado el cuerpo y quién lo hizo, y su destino final. Estan presentados en el sitio ArchivosChile.org en formato Excel con amplia facilidad para hacer búsquedas y análisis.  También se podrá revisar en imágenes en formato jpg el “El Libro Transfer del Instituto Médico Legal”, que es la fuente original de gran parte de esta información.

Estos datos nuevos han sido cruzados con información del Informe Rettig, actualizado con las víctimas reconocidas en su más reciente versión de agosto de 2011, y se complementa con antecedentes respecto de las identificaciones confirmadas del Patio 29 del Cementerio General y otros lugares de hallazgo de cadáveres; la situación judicial de cada caso; la fecha en que el Servicio de Registro Civil confirmó la identidad de los fallecidos, y los nombres de los ejecutados confirmados sin entrega de cuerpo, entre otros datos.

El mapa interactivo, utilizando ambas fuentes de datos, muestra la ubicación geográfica de los muertos a lo largo de los primeros meses de dictadura militar. A  través de él se puede conocer el detalle de cada víctima, con la descripción del caso en el Informe Rettig. Este mapa distingue entre los casos Rettig y los 150 casos que, por investigación de ArchivosChile, corresponden a potenciales víctimas de violaciones a los derechos humanos debido a las circunstancias reveladas en los registros (muertos por herida de bala y jurisdicción de las fiscalías militares, entre otros factores), pero que no han sido reconocidos oficialmente como tales.

Se han excluido del mapa aquellos casos que, por las circunstancias informadas en los registros de la morgue, corresponden a muertes naturales, accidentes o crímenes sin vinculación política. Sin embargo, todos estos casos están incluidos en la base de datos en formato Excel.

Adicionalmente, publicamos series representativas de la documentación obtenida a través dela Leyde Transparencia o entregada voluntariamente desde las siguientes instituciones:

• Servicio Médico Legal
• Servicio de Registro Civil e Identificación
• Ministerio de Justicia, Archivo Nacional dela Administracióndel Estado
• Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
• Fundación Archivo dela Vicaríadela Solidaridad

ArchivosChile no fue autorizado para copiar o reproducir de otra manera la documentación disponible en el Segundo Juzgado Militar y el Cementerio General; sólo se permitió su revisión in situ.

Las entrevistas efectuadas por los investigadores de ArchivosChile abarcan a los actores de la época, incluyendo a funcionarios de la morgue, del Registro Civil, del Cementerio General y dela Segunda FiscalíaMilitar, además de familiares de las víctimas, abogados y especialistas en derechos humanos. Se revisó también la prensa nacional y extranjera de la época.

Los reportajes a continuación narran cómo operó el circuito burocrático de la muerte al interior de estas instituciones. Otros tres artículos se centran en casos específicos: la errónea calificación de una persona fallecida antes del golpe (El extraño caso de los dos Luis Curivil), las inconsistencias en la información disponible en la morgue sobre las muertes de Littré Quiroga y Víctor Jara, y el uso del Puente Bulnes en el Río Mapocho como uno de los paredones preferidos por militares y Carabineros, donde medio centenar de personas fueron fusiladas durante las primeras semanas de dictadura militar. Estos dos últimos serán publicados próximamente.

Equipo de ArchivosChile que participó en el Proyecto Autopsias:

Director y Editor: John Dinges
Coordinadora e Investigadora Principal: Pascale Bonnefoy
Editor de Datos y desarrollo del sitio web y mapa interactivo: Gabriel Mérida

Asistente Investigador: Roberto Manríquez
Asistentes en procesamiento de bases de datos: Cecilia Vargas y Daniela Lagos
Obtención de bases de datos del SML: María José Vilches
Revisión de prensa 1973: Marcelo Casals
Fotografías: A&D Fotografia (Carmen Duque y Jaime Alaluf), Marcelo Montecino y David Burnett
Asesoría legal: Miguel González Lemus y Pablo Ruiz Tagle, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Concepto original de Proyecto Autopsias: Jorge Escalante
Directora ICEI: María Olivia Mönckeberg

Agradecimientos:

Especial reconocimiento se debe a Miguel González Lemus y Pablo Ruiz Tagle, profesores dela Facultadde Derecho dela Universidadde Chile, quienes apoyaron el proyecto con indispensables trabajos jurídicos, incluyendo la redacción del reclamo ante el Consejo parala Transparenciaque resolvió que el Servicio Médico Legal debía entregar los datos solicitados en su totalidad.

Agradecemos la colaboración de las autoridades y funcionarios del Servicio Médico Legal para la realización de esta investigación.

Consejo Asesor de ArchivosChile:

María Olivia Mönckeberg, Directora del Instituto dela Comunicacióne Imagen dela Universidadde Chile, ICEI.
Peter Kornbluh, Nacional Security Archive, Washington, D.C.

Moisés Sanchez, Director Ejecutivo de Fundación ProAcceso
Ximena Poó, Directora dela Escuelade Periodismo dela Universidadde Chile, ICEI.
Faride Zerán, Profesora del ICEI.
Gustavo González, Profesor del ICEI.
Claudia Lagos, Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del ICEI.

Financiamiento:

CIINFO contó con fondos dela Fundación Ford,la Open SocietyFoundation,  y el Institute of International  Education para el trabajo de ArchivosChile.

Columbia University Global Center for Latin America, Santiago, apoyó el trabajo de investigación en la fase final y auspició la presentación de los resultados de la investigación en el Museo dela Memoria y de los Derechos Humanos, el 11 de enero.

Este mapa interactivo fue desarrollado sobre la base de los datos obtenidos en el Servicio Médico Legal (SML) a través de la Ley de Transparencia respecto de los fallecidos ingresados a la morgue de Santiago y de otras 14 ciudades del país entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. La base de datos suma un total de 1898 casos, de los cuales 1681 corresponden a cuerpos ingresados a la morgue de Santiago (Instituto Médico Legal).

Hay dos maneras de ver el mapa: una presentación día a día, en que van apareciendo los cuerpos según la fecha de muerte, o todos los casos a la vez. También se puede buscar casos individuales por nombre.

En la mayoría de los casos los cuerpos están ubicados en el lugar de muerte o de hallazgo del cuerpo, según quedó registrado en el SML en la época. En algunos casos, la ubicación no es exacta, ya que la indicación era ambigua o sólo se indicaba que el fallecido venía de un hospital o la vía pública, sin especificar el lugar preciso de muerte. Por este motivo, hay una alta concentración de víctimas en sitios como la Posta Central.

Los cuerpos están representados en íconos de tres colores:

• Los íconos negros corresponden a personas calificadas como víctimas de la represión política en los informes de las tres comisiones que han calificado casos de derechos humanos desde 1991.[1]
• Los íconos rojos se refieren a personas no reconocidas oficialmente como víctimas, pero que, según el análisis de ArchivosChile a partir de los datos disponibles sobre ellas (la jurisdicción de las fiscalías militares sobre sus casos, la causa y el lugar de muerte, entre otros factores), se puede concluir con un alto grado de probabilidad de que se trata de ejecutados políticos (152 casos).
• Los íconos azules son casos indeterminados, en que habría algún indicio de que podría tratarse de una víctima de violaciones a los derechos humanos.
• Los casos que definitivamente no corresponden a ejecutados políticos (como muertos en accidentes de tránsito) no figuran en este mapa.

Al hacer click sobre un ícono, se abre un cuadro de texto con los datos relevantes del SML sobre esa persona. El campo “Observaciones” es de ArchivosChile.

Debido a que el SML no tiene los registros de algunas grandes ciudades como Concepción o Valparaíso, el mapa no cuenta con información de esos lugares.

El mapa permite filtrar según las siguientes categorías:

• Ciudad
• Fecha de muerte
• Lugar de muerte o de hallazgo de cuerpo
• Causa de muerte
• Médico que practicó la autopsia
• Fiscalía Militar/Juzgado del Crimen con jurisdicción y responsabilidad de investigar la muerte
• Procedencia – lugar desde donde se envía el cuerpo a la morgue

El mapa interactivo ha sido preparado por Gabriel Mérida utilizando la base de datos en formato MS Excel entregada por el Servicio Médico Legal. Mediante un cruce con la base de datos del Informe Rettig y otras cuentas, se logró encontrar los casos que corresponden a víctimas de la dictadura. Entre las tecnologías utilizadas, además del framework JQuery, se utilizó Google Maps para crear la visualización e interacción en el mapa, y para geolocalizar las direcciones donde fueron encontrados los cuerpos y transformarlas en un punto exacto, con latitud y longitud. En este proceso colaboraron la periodista Cecilia Vargas y la estudiante de periodismo Daniela Lagos.

Lea también:

• Introducción
• Vea el mapa interactivo
• Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer
• Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”
• Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
• El agujero negro de las fiscalías militares
  • La piromanía del ’89: Expedientes incinerados
• Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
• El extraño caso de los dos Luis Curivil
• Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973
• El Libro Transfer del Instituto Médico Legal

Familiares revisan listas de fallecidos en la morgue, 1973. Fotografía: Marcelo Montecino.

• Lea también: Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”

Cuando aún no se apagaban las llamas del palacio presidencial, el 11 de septiembre de 1973 patrullas militares, anticipándose a lo que venía,  hicieron una silenciosa ronda por Santiago para recoger en sus casas a algunos funcionarios de la morgue. Entre ellos iba uno de los conductores de la morgue en Santiago (Instituto Médico Legal, IML), y cuatro vecinos de su población, todos auxiliares y funcionarios administrativos del Servicio.

El día del golpe militar sólo estaban los cerca de 20 funcionarios de turno en el recinto en Avenida La Paz. A las 20 horas llegaron las primeras dos víctimas de la incipiente dictadura militar. Claudio De la Fuente Castillo, 20 años, y Ariosto Zenteno Araneda, 17 años, habían sido baleados en la vía pública a las 15.30 horas de ese día, de acuerdo a sus informes de autopsia. La orden de autopsia para ambos la dio telefónicamente la Guarnición Militarde Santiago, según quedó anotado en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue, conocido como el Libro Transfer. (Ver artículo: El agujero negro de las fiscalías militares)

Al día siguiente, con el país aún bajo toque de queda total, llegaron más cuerpos, todos acribillados con múltiples heridas de bala. Se mandaron a buscar a más funcionarios del IML, entre ellos, el estafeta Heriberto Maians. Como varios de sus compañeros de trabajo, Maians permaneció dos meses encerrado en la morgue. Había demasiado que hacer.

Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar ahora con un número varias veces mayor. Sólo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. En un solo día, el 20 de septiembre, ingresaron 43. El día anterior, 40.  Para fines de octubre, los muertos post-golpe sumaban 1.177; entre ellos, 722 víctimas de disparo de arma de fuego.

Fue tal la magnitud de trabajo, que el Servicio Médico Legal (SML) debió pedir refuerzos al Servicio de Registro Civil para que sus funcionarios ayudaran a tomar las muestras de huellas a los cuerpos para su identificación, y funcionarios del Cementerio General fueron obligados a salir a las calles a recoger muertos y después a “encajonarlos” en la misma morgue.

Como no se aumentó la planta de personal del SML, médicos clínicos  de otros departamentos del Servicio debieron apoyar en la realización de autopsias. El médico legista José Luis Vásquez recuerda que en ese periodo, trabajaba jornadas de hasta 12 horas, realizando una tras otra autopsia.

Fue el periodo de la razzia, de la “limpieza” social y política, como se confirma en la alta concentración de víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo consignada en el Informe Rettig. Dejar cuerpos torturados, destruidos por ráfagas de metralleta e incluso mutilados a plena vista de la población pareció ser una táctica de la política de terror y de dominación psicológica impuesta por el nuevo régimen.

La investigación de ArchivosChile se basa en información del Servicio Médico Legal y del Registro Civil e Identificación obtenida a través de la Ley de Transparencia y la revisión de archivos en el Cementerio General de Santiago y el Segundo Juzgado Militar.

El SML entregó una base de datos en formato de hoja de cálculo con los registros completos de todos los fallecidos que llegaron a las morgues de Santiago y de otras 14 ciudades del país entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.[1] Además, nos permitió hacer una copia fotográfica del libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago, conocido en el Servicio como el Libro Transfer, donde los funcionarios anotaron la llegada de los cuerpos, asignando a cada uno un número de protocolo y dando cuenta de todos los procedimientos en torno al fallecido hasta su salida de la morgue.

Libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago (Libro Transfer). (A&D Fotografía)

ArchivosChile también entrevistó a actuales y ex funcionarios del SML, incluyendo auxiliares, estafetas, conductores, secretarias, administrativos y médicos. Con estos datos y testimonios se ha podido configurar un cuadro de lo que sucedió dentro de la morgue de Santiago en las primeras 11 semanas de dictadura militar. Esto permite conocer la forma en que se enfrentó la repentina avalancha de cuerpos, incluyendo las autopsias que establecieron las causas de muerte, el proceso de identificación y reconocimiento de los cuerpos y su traslado al cementerio u otros lugares. También se pudo indagar la intervención de la burocracia militar dentro del propio SML.

La investigación abarcó la actuación de cuatro instituciones dentro de un virtual circuito burocrático de la muerte: el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Cementerio General de Santiago y las fiscalías militares. Todos de alguna manera sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones políticas producidas inmediatamente después del golpe militar y hasta fines de 1973, período en el que se concentró el mayor número de víctimas de los 17 años de dictadura militar.

En esos meses la mayoría de los cadáveres fue abandonada en sitios eriazos, calles y carreteras. Los registros del Servicio Médico Legal dan cuenta de 193 casos de muertos encontrados en la “vía pública”, sin especificar el lugar. Según el Libro Transfer y otros datos entregado por el SML, 123 personas fueron arrojadas en ríos y canales de la Región Metropolitana.

Mapa Interactivo: Ejecuciones en Chile, 1973

ArchivosChile ha convertido los registros entregados por el SML en un mapa interactivo que muestra la ubicación de los muertos, de acuerdo a la columna del Libro Transfer “Lugar de deceso o sitio donde fue encontrado” y otros datos del SML.

Otros cuerpos fueron tirados como desechos por los propios militares adentro del Instituto o frente a sus portones, según atestiguan ex funcionarios. “Aparecían cuerpos en la entrada del servicio que eran dejados en la noche. Estos cuerpos venían sin ninguna notificación,” dijo el Dr. Vásquez.

Cadáveres al amanecer

A partir del golpe, los funcionarios de turno en la morgue dormían sólo a ratos, según recuerda Heriberto Maians, entonces estafeta que llevaba siete años en el Servicio. El descanso era imposible. Varias veces en el transcurso de la noche, vehículos militares se detenían a la entrada de la morgue. El Libro Transfer registra el ingreso de cuerpos después del toque de queda, a veces individualmente, y otras en grupos de a dos, tres, cuatro y hasta siete.

Lo que Maians y otros funcionarios de la morgue recuerdan con nitidez es la escena de los cuerpos mutilados por las balas arrojados en la vereda a la entrada del Instituto y que ellos mismos debían levantar y entrar al recinto.

“Los milicos dejaban tirados los cuerpos como si estuvieran botando basura. Algunos estaban amarrados con alambres, con la vista vendada, otros con cuerpos cortados con ráfagas. Los recogíamos y los colocábamos en la entrada. No se podía preguntar nada. Adentro, otros colegas los ponían en camillas y los llevaban a la sala de atrás donde están los frigoríficos,” relató a ArchivosChile un ex conductor del IML, entonces de 33 años, que no quiso ser identificado.

Según Maians, nadie les daba instrucciones para recoger esos cuerpos, a pesar de que por reglamento no se debía recibir ningún cadáver sin orden judicial. “No podíamos dejarlos botados ahí. No venían con papeles, y estaban todos baleados. Éramos tres los colegas que debíamos hacerlo y nos demorábamos como una hora. Había carabineros que se paseaban por la vereda, pero ellos no decían nada; sólo miraban,” dijo.

Durante el día, llegaban camiones militares y entraban directamente a la parte posterior de la morgue a dejar más cadáveres. El 21 de septiembre, por ejemplo, quedó registrado en el Libro Transfer el ingreso de nueve cuerpos a las 9.50 horas; otros 12 a las 11 horas; nueve entre al medio día y nueve más en el transcurso de esa jornada. El 6 de octubre, sólo entre las 11 de la mañana y el medio día, llegaron 29 cadáveres.

Libro Transfer, página desde el registro 2761, correspondiente al 21 de septiembre.

“Entraban como Pedro por su casa, unas cinco veces al día. No venían con ninguna orden. Un auxiliar me contaba que eran bien prepotentes con ellos. ‘¡Abran la puerta! ¿O quieren terminar igual que los del camión?’, les gritaban,” relató a ArchivosChile Adelina Gaete, entonces secretaria del Director del SML, Dr. Alfredo Vargas Baeza.

Fuente: Revista Médica de Chile v.136 n.5, mayo 2008

Los vehículos cargados de cuerpos ingresaban hacia el sector por donde entraban las carrozas a la morgue, un subterráneo en penumbras. En ese lugar, los militares botaban los cuerpos, y los funcionarios debían levantarlos y entrarlos.

“Eran conscriptos y se notaba que estaban muy asustados. Descargaban camiones con cadáveres y los botaban apilados en el suelo. Los funcionarios de la morgue los ponían en camillas y los trataban de ordenar en el piso. El lugar estaba tapizado de cadáveres uno tras otro: niños, ancianos, mujeres, hombres. Era el infierno mismo,” dijo Héctor Herrera, funcionario del Registro Civil quien fue llevado a la morgue para ayudar a tomar muestras dactiloscópicas a los fallecidos.

“Tenían signos de tortura, hematomas, tierra pegada a los ojos, sangre. Venían en un estado muy lamentable. Muchos tenían los ojos abiertos. Siempre pensé que esas personas vieron a los que les dispararon. Esos ojos me seguían todos los días, volvían conmigo a mi hogar,” agregó.

Víctimas con vida

En varias ocasiones, entre los cadáveres los funcionarios descubrieron víctimas con vida. El auxiliar especializado Mario Cornejo fue uno de los funcionarios que a partir del golpe militar debió permanecer en la morgue durante más de 20 días sin volver a casa. Mario Cornejo después le contó a su hijo[2] Sergio que un día de septiembre, cuando hacía una ronda nocturna por la sala donde se apilaban los cuerpos, sintió un quejido. Rápidamente llamó a otros funcionarios para ayudarlo a revisar los cuerpos y se encontró con un herido. Cornejo dispuso el traslado del hombre al Hospital José Joaquín Aguirre por una puerta lateral que conectaba a la morgue con el hospital. Sin embargo, supo después que ese hombre había sido secuestrado desde el hospital por militares.

Aunque es imposible determinar quién fue el hombre encontrado por Cornejo con vida en la morgue, se puede deducir, basándose en información del Informe Rettig, que podría tratarse de al menos una de dos personas.

Pasillo del antiguo Instituto Médico Legal

Uno podría ser Javier Sobarzo Sepúlveda, militante del Partido Socialista y funcionario de Distribuidora Nacional de Alimentos. Fue detenido el 11 de septiembre y llevado ala Escuelade Paracaidistas de Peldehue del Ejército, de la cual había formado parte. Logró sobrevivir un fusilamiento colectivo y, dado por muerto, fue trasladado al IML, según el Informe Rettig. Desde ahí fue trasladado por los funcionarios de la morgue hasta el Hospital J.J. Aguirre, pero después fue sacado del lugar por militares, y se perdió su rastro. Hoy es un detenido-desaparecido.

Otro sobreviviente que llegó a la morgue durante el mes de septiembre era Luis Gutiérrez Rivas, minero de Lota y militante del Partido Comunista, de 29 años. Gutiérrez había sido arrestado en la capital el 30 de septiembre junto a cinco compañeros en un allanamiento militar al campamento Santiago Pino de Barrancas, en el sector poniente de la capital. Los seis fueron llevados ala Casadela Culturade Barrancas, que el Ejército había ocupado y convertido en centro de detención, y fusilados. El cuerpo malherido de Gutiérrez fue llevado a la morgue. Las otras cinco víctimas quedaron anotadas en el Libro Transfer como muertos en la vía pública. De acuerdo al Informe Rettig, Luis Gutiérrez fue llevado al Hospital J.J. Aguirre aún con vida, pero fue sacado del lugar por una patrulla militar el 2 de octubre. Permanece como detenido-desaparecido.

Maians también recuerda haber encontrado a personas vivas entre los muertos a la semana del golpe. “En las noches íbamos a mirar los cuerpos adentro y de repente sentimos unos quejidos. Había tres vivos. Avisamos a los policías que estaban afuera y ellos mismos llamaron a la ambulancia del Hospital J.J. Aguirre para que se los llevaran. A las pocas horas volvieron, pero muertos,” relató.[3]

Muertes numeradas

Todos esos cadáveres – los que aparecían frente al portón de la morgue por las mañanas, los que se debían recoger en la vía pública, y los que dejaban los camiones militares dentro del mismo IML- repletaban las salas, pasillos y escaleras del Instituto, a la espera de su turno para una somera autopsia.

“El ingreso era asombroso. El pasillo ovalado que circunda el edificio estaba con cadáveres a lo largo de ambas paredes, desde el ingreso de la puerta hasta el fondo. También estaba lleno el salón donde están las cámaras de refrigeración, que eran unas 90 aproximadamente, y no todas funcionaban. En cada una se colocaba dos, tres, cuatro cuerpos. En ese salón también había cuerpos en el suelo,” relató el Dr. José Luis Vásquez en entrevista con ArchivosChile.

Pasillo ovalado del Instituto Médico Legal en Santiago. (A&D Fotografía)

Por los pasillos prácticamente no se podía caminar, dijo a AchivosChile la entonces secretaria del Director del SML, Adelina Gaete. “Había que saltar por encima de los muertos. Siempre había un olor horrible. Era espantoso,” señaló.

Los hospitales, en tanto, vivían su propio drama. El Dr. Álvaro Reyes, médico traumatólogo, trabajó en Urgencias dela Posta Central en los primeros días post-golpe. Permaneció enla Posta con otros colegas sin poder irse a casa durante cuatro días.

“No llevé la cuenta, pero era mucha gente, como nunca antes. Había muchos cuerpos con heridas de bala y el trabajo era frenético… Las ambulancias tenían trabajo día y noche sin parar”, dijo a ArchivosChile. Los muertos de los hospitales también terminarían en la morgue.

Los funcionarios se enfrentaban a una catástrofe sanitaria en potencia. Al ingresar un cuerpo, se llenaba una “acta de recepción de cadáveres”, donde se indicaba el día y la hora de llegada a la morgue y la ropa con que venía el fallecido. A cada cuerpo era asignado un número de protocolo, que se anotaba en un pequeño papel que luego era amarrado con alambre o cordel en la muñeca.

Ese número de protocolo quedaba anotado en el Libro Transfer y acompañaba al cuerpo a lo largo de los procedimientos en la morgue: era el mismo número del informe de autopsia y de los exámenes histológicos y toxicológicos que se le hicieran –aunque en esa época, casi no se hicieron. Con ese número también se enviaban las huellas dactilares para su identificación en el Servicio de Registro Civil, y con ese mismo número se autorizaba la entrega del cuerpo y su entierro.

Recoger muertos

Las salidas para recoger cadáveres baleados y abandonados en la vía pública se multiplicaron. En esa época, recuerda el ex conductor de la morgue, el Servicio tenía unas cuatro camionetas Chevrolet en las que cabían cuatro a seis cadáveres. Claramente no bastaba.

Se salía todos los días incesantemente, a diferencia de antes del golpe, cuando las salidas se limitaban a tres o cuatro veces al día, recuerda Sergio Cornejo, quien entonces tenía 13 años y acompañaba a su padre a su trabajo en la morgue. “Carabineros avisaba para ir a retirar cuerpos. Como era chico, a veces acompañaba a los choferes a recoger muertos. En los terrenos baldíos encontrábamos cuerpos muy descompuestos,” señaló.

Era tanto el trabajo, que incluso se pidió ayuda a los funcionarios del Cementerio General para salir a recoger cuerpos al Río Mapocho durante su jornada laboral, recuerda un funcionario del cementerio, quien dijo que se negó a cumplir esa tarea.

“Iban unos cuatro o cinco funcionarios, todos jóvenes. Llevaban unos fierros largos con gancho para poder arrastrar los cuerpos. Incluso uno de los colegas tuvo que ser rescatado una vez porque la corriente del río se lo estaba llevando. Sacaban los cuerpos y los dejaban a la orilla del río,” indicó el funcionario, quien pidió reserva de su nombre.[4]

Arriesgando su propia seguridad, los trabajadores de la morgue debían salir incluso durante el toque de queda. Uno de los conductores del SML de la época, quien también pidió omitir su identidad,, dijo que tenían que prepararse para cada salida: aprenderse todos los santos y señas que las autoridades militares en la morgue le indicaban para pasar los permanentes controles militares en el trayecto y no terminar baleados como las víctimas que debían ir a buscar.

“Nos daban varios santo y señas diferentes cada noche en caso de que nos pararan las patrullas. Por ejemplo, cambio de luces de cabina, brazalete de color o con alguna figura (tortuga, calavera, lagarto), palabras claves, etc. Manejaba a 20 km. por hora porque había patrullas militares a cada rato. Aunque los vehículos estaban identificados como del Servicio, igual nos disparaban ‘por error’. Después nos hacían bajar y nos tiraban al suelo,” relató el ex conductor a ArchivosChile.

Pasaba todo el día y la noche buscando cuerpos. “Íbamos al río Mapocho, a la compuerta del río, al costado del Cementerio Metropolitano, a las poblaciones. Alguien daba la orden y Carabineros en la morgue decía: ‘¿Qué huevón está desocupado? Anda a la José María Caro, por ejemplo; en la línea del tren hay 6, 8 huevones que hay que recoger. De vuelta pasan a recoger a otros huevones en tal parte’. Así nos daban las instrucciones,” agregó.

“Vi tantas cosas que ya no quiero recordar,” dijo el ex conductor de la morgue, quien se retiró del servicio 10 años después. “Me traumaticé con todo eso, pasaba llorando. Pasé por un montón de psicólogos. Hasta hoy cuando lo recuerdo me pongo a llorar,” contó.

Uno de sus colegas, un joven chofer, tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico varias veces. “Cada vez que escuchaba sirenas se ponía a llorar,” añadió.

Según Heriberto Maians, uno de los estafetas del Servicio, varios de sus compañeros de trabajo que salían por las noches a buscar cuerpos “se volvieron locos”. “No contaban nada, pero llegaban de vuelta desesperados.”

El Dr. Vásquez, quien hoy continúa trabajando como médico legista en el SML, confirmó a ArchivosChile que las secuelas psicológicas de los funcionarios se evidenciaron más adelante. “En ese momento, ni siquiera teníamos la oportunidad de conversar sobre lo que estaba pasando, no había tiempo. Nos interesaba resolver rápidamente la situación, porque veíamos que se nos iba a producir un cuadro sanitario gravísimo.”

“Teníamos una presión sicológica por la responsabilidad de lo que estábamos enfrentando,” agregó. “Había familiares allá afuera, gente que deseaba saber si estaban sus familiares adentro. Humanamente, hicimos lo que pudimos.”

Lea también:

• Introducción
• Vea el mapa interactivo
• Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer
• Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”
• Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
• El agujero negro de las fiscalías militares
  • La piromanía del ’89: Expedientes incinerados
• Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
• El extraño caso de los dos Luis Curivil
• Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973
• El Libro Transfer del Instituto Médico Legal

Sala de autopsias del Instituto Médico Legal. Fotografía: Marcelo Montecino.

• Lea también: Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer

Mientras la Primera Fiscalía Militar ordenaba a dos de los principales médicos legistas de la morgue de Santiago practicar la noche del golpe militar una autopsia fuera del recinto al cadáver del Presidente Salvador Allende, la burocracia militar comenzaba a instalarse dentro del Servicio Médico Legal (SML).

El Dr. Alfredo Vargas Baeza llevaba casi 20 años como director del SML, pero no se encontraba en Chile el 11 de septiembre. Gozaba de un feriado legal desde el 23 de junio y debía haber regresado el 3 de septiembre. Sin embargo, por razones de fuerza mayor no explicitadas en la documentación de la época, no pudo retornar, y aún se encontraba en Europa.

Durante su ausencia, estaba siendo subrogado por el Dr. Augusto Torrico Rojas, un psiquiatra boliviano de ideas de izquierda que, evidentemente, no era del gusto de la nueva autoridad militar. En un decreto del 10 de octubre, la Junta Militar informó que de manera retroactiva, a partir del 25 de septiembre, asumía como director subrogante del SML el Dr. Óscar Novoa Allende, “hasta nueva decisión de la Junta de Gobierno.”

Sin embargo, el Dr. Novoa, médico de la planta civil del Hospital Militar y del Departamento Clínico del SML, se había instalado en la oficina del Director aún antes de su designación.  Asumió el cargo de facto a partir del mismo 11 de septiembre, dejando al Dr. Torrico en su puesto original como jefe del Departamento de Psiquiatría, afirmó a ArchivosChile el ex asesor legal del SML, Gilberto Rudolph.

Para sorpresa de muchos de los funcionarios, el que apareció tras el golpe militar en uniforme de campaña dando órdenes al interior de la morgue era el Dr. Sergio Larraín Eyzaguirre, un mayor de Sanidad del Ejército que llevaba más de 20 años trabajando en el SML.

Larraín fue designado delegado de la Junta Militar ante el SML, pero el cargo le duró poco. Según un ex funcionario del Servicio, a Larraín los médicos no lo tomaban en serio. Se mantuvo como delegado de la Junta hasta que el 12 de octubre el Subsecretario de Justicia, Max Silva del Canto, le comunicó el término de su cargo, por haber ya “normalizado el servicio”.

Un ex conductor de la morgue entrevistado por ArchivosChile recuerda que al día siguiente o subsiguiente del golpe, un oficial de Ejército reunió a todos los funcionarios en el auditorio. “Nos dijo clarito: ‘¡Cualquier chuchasumadre que sea sorprendido dando información a periodistas, familiares o amigos sobre lo que está pasando va a ser fusilado en el acto!’,” relató.

Antes de devolver la dirección del SML al Dr. Vargas a fines de septiembre, el Dr. Novoa dejó  instalado en la morgue a su gran amigo, el coronel auditor en retiro del Ejército, Mario Parker Arenas. Novoa regresó a sus labores anteriores en el área de Ginecología.

Parker fue nombrado a través de un decreto retroactivo del 20 de noviembre de 1973  “abogado coordinador ad honorem” del Servicio Médico Legal ante la Junta de Gobierno. Permanecía solo un par de horas al día en la morgue, recuerda Rudolph.

Cuando el Dr. Vargas regresó al SML a fines de septiembre, el ambiente era tenso. Militares llevaban semanas circulando por los pasillos de la morgue, e incluso seguían a los funcionarios hasta sus casilleros para controlar lo que hacían. Carabineros se apostaban en las afueras.

Primaba el silencio. Como en todos los servicios y organismos del Estado, ya no se sabía quién podría ser un delator. Los funcionarios dormían poco, lloraban y pasaron hambre. Estaban exhaustos, al igual que los médicos que, a partir del 11 de septiembre, no tuvieron pausa en la realización de autopsias de cuerpos que no cesaban de llegar.

Las autopsias

Entrada del Instituto Médico Legal, la morgue en Santiago. (A&D Fotografía).

La cantidad de cadáveres en la morgue, las condiciones en que se encontraban, los recursos y el personal disponibles, el riesgo de infecciones y el caos general provocado por la avalancha de muertos que llegó a la morgue de la capital dificultó practicar autopsias completas a cada uno.

“No se hacían las autopsias que hubiésemos querido realizar, con toda la técnica necesaria,” dijo el Dr. José Luis Vásquez, médico legista que aún trabaja en el SML. “Las primeras dos o tres autopsias que hicimos intentamos hacerlas lo más completo posible, pero después nos dimos cuenta de que era humanamente imposible. Nos limitábamos a hacer una autopsia sucinta, encuadrándonos sólo en las lesiones que existían relacionadas con la causa de muerte. La mayoría, evidentemente, eran lesiones causadas por proyectiles balísticos.”

En la época, el servicio contaba con unos seis médicos legistas. Era claramente insuficiente. El SML debió recurrir a otros médicos clínicos de la misma morgue para colaborar en las autopsias, incluyendo al hijo del director, Dr. Alfredo Vargas Kother.

Era imposible, por el número de cadáveres apilados en la morgue, seguir las pautas habituales para una autopsia completa en cada caso, como se sugiere en el Reglamento del SML vigente en la época. Tampoco se cumplió la norma reglamentaria de que todos los cadáveres que ingresaran al IML fueran fotografiados y que esas fotos quedaran archivadas para la eventual consulta de los tribunales. Según el Dr. Vásquez, no había ni fotógrafo ni cámaras.

De todos modos, aseguró, se les practicó autopsia a todos los fallecidos, sin excepción, aunque el grado de profundidad varió considerablemente (ver selección de informes de autopsia).

Extracto del informe de autopsia Carlos Guzmán Altamirano, muerto en la vía pública el 17 de septiembre de 1973. El informe consigna al menos 10 heridas de bala en el cuerpo. Fuente: Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

El asesor jurídico, Gilberto Rudolph, las llamó “autopsias económicas”. “Significaba que si por el examen externo del cadáver se podía deducir la causa de muerte, el examen se detenía en el reconocimiento externo, porque no había suficiente personal ni médicos especializados para cubrir toda la demanda de autopsias. Eran casi todos muertos por bala, así que no había que mirar mucho,” afirmó.

En esas primeras semanas, el Dr. Vásquez recuerda haber trabajado jornadas de hasta 12 horas diarias. Entre el día del golpe militar y el 30 de noviembre –periodo en que se registró el mayor número de ingreso de fallecidos– el Dr. Vásquez efectuó un total de 292 autopsias. Similar ritmo de trabajo tuvieron los tanatólogos Carlos Marambio Allende (263) y el boliviano Humberto Rhea Clavijo (242).

El Dr. Vargas y su hijo realizaron un total de 209 autopsias,[1] mientras que el Dr. Exequiel Jiménez se encargó de 179, el Dr. Tomás Tobar de 96, y el medico boliviano Dr. Rolando Costa Arduz[2], de 88. Otros médicos – incluso de otras especialidades– intervenían ocasionalmente en la sala de autopsias.

Autopsias técnicamente correctas

Aunque las autopsias se limitaron a examinar sólo el área de las heridas mortales –y no incluyeron otros tipos de análisis–, los informes de todos modos precisaron correctamente la causa de muerte. Sin embargo, a pesar de la evidente acción de terceros en esas muertes, a menudo causadas por múltiples heridas de bala, pocos informes de autopsia indicaron si se trataba de un homicidio, como estaban obligados por ley.[3]

El homicidio se consigna como causa de muerte en sólo 118 de los 891 informes de autopsia practicadas a víctimas confirmadas o potenciales de violaciones a los derechos humanos. De esos 118 informes 83 fue firmado por un solo médico, el Dr. Carlos Marambio. El Dr. Rhea lo indicó en 17 de sus informes y el Dr. Vásquez en sólo cinco.

Según declaró el Dr. Rhea a propósito de la investigación judicial sobre la muerte de un grupo de pobladores de Puente Alto en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973, “entre los días 11 y 15 de septiembre efectuaba por lo menos entre doce a quince autopsias diarias. Incluso llegaron facultativos desde Carabineros y Fuerzas Armadas para colaborar en las labores pues había cadáveres incluso en los pasillos.” Por esa razón, declaró, “los informes de autopsias de esas fechas se hicieron de manera somera; es decir sin un examen detallado de los cuerpos.”[4]

Para el Dr. Rhea, como para los otros dos médicos bolivianos que trabajaban en el IML, la situación fue seguramente insoportable. Rhea había sido colaborador de la guerrilla de Che Guevara en Bolivia y médico tratante del guerrillero argentino. Residía en Chile como exiliado político desde 1967, año en que comenzó a trabajar en el Instituto Médico Legal, debido a la escasez de médicos legistas en Chile.

Era tal el volumen de cuerpos, que el IML pidió la colaboración de los hospitales públicos para que enviaran auxiliares. También, recuerda el Dr. Vásquez, se intentó incorporar a personal administrativo en la sala de autopsias para tomar apuntes dictados por los médicos durante la autopsia para agilizar el proceso, pero eso duró muy poco.

“Naturalmente, a los cinco o diez minutos estaban todos en el suelo. No tenían la costumbre de ver cuerpos o fluidos. Nunca habían ingresado a una sala de autopsias. Entonces tuvimos que hacerlo nosotros. Todo era manuscrito por los médicos que realizábamos las autopsias, y eso hizo el proceso más lento,” dijo.

De acuerdo a los registros del SML, las autopsias se hacían por lo general un par de días después de llegado el cuerpo. Sin embargo, hubo casos en que se realizaron una o dos semanas después. En cinco casos registrados en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago (Libro Transfer), la autopsia se realizó en otro lugar, como un hospital. En esas circunstancias, igual se anotaron sus nombres como fallecidos ingresados a la morgue, con sus respectivos números de protocolo, con una notoria excepción: la autopsia del Presidente Salvador Allende Gossens nunca quedó anotada en ningún libro, a pesar de haber sido realizada por dos médicos legistas del SML.

La noche del 11 de septiembre, el cuerpo de Allende yacía en el pabellón de cirugía del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar a la espera de la llegada de los doctores Vásquez y Tobar y el auxiliar especializado Mario Cornejo. Por orden de la Primera Fiscalía Militar, ellos fueron llevados esa noche al hospital castrense, y a las 20 horas iniciaron la autopsia al fallecido presidente. La autopsia  [5] se prolongó hasta la media noche, y fue caratulada con el número de protocolo 2449/73.

El cuerpo del Presidente Allende no pasó por la morgue y hasta el día de hoy, Allende no figura en el libro de ingreso de fallecidos del Servicio Médico Legal.

En la morgue, otro cuerpo era asignado el mismo número de protocolo, el 2449: Onofre Castro Hernández, quien murió el 12 de septiembre debido a una enfermedad, y cuyo cuerpo fue no obstante remitido a la morgue por la Segunda Fiscalía Militar.

Reconocimiento de seres queridos

Finalizado el proceso de autopsia, los cadáveres eran bajados a la Sala de Exposición anexa al frigorífico, donde normalmente se exhibían los cuerpos de personas desconocidas para el reconocimiento de sus familiares. Había unas 90 cámaras frigoríficos, y según el Dr. Vásquez, no todas funcionaban. En cada una se colocaban varios cuerpos. “En esas condiciones, era imposible que esas cámaras cumplieran su función,” dijo.

Pasillo interior de la morgue de Santiago. (A&D Fotografía)

Los cuerpos eran dejados desnudos en el suelo y, en lo posible, con su ropa a los pies, a la espera de que algún familiar los encontrara, los identificara o los reclamara. Eran cientos de cadáveres que se amontonaban en el piso. Otros quedaban en los frigoríficos. Por días o semanas.

En muchos casos, nadie los reclamó porque sus familiares aún no se enteraban de su muerte, a pesar de que sus identidades ya estaban confirmadas por el Servicio de Registro Civil a través de las huellas dactilares tomadas a los cadáveres. A menudo esta confirmación de identidad llegaba de vuelta al SML cuando el fallecido ya había sido sacado de la morgue por el propio servicio, sin el conocimiento de las familias. Y más significativo aún: la documentación de la época revela que en algunos casos, se cometieron graves errores y negligencias en la identificación de algunas personas, en algunos casos al ser confundidos los números de protocolo. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).

Más allá de la intencionalidad o no de ocultar los crímenes, para María Luisa Sepúlveda, ex Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech,[6] uno de los principales problemas fue que “no había una cadena de custodia rigurosa” en la morgue.

“El problema mayor estaba en la custodia de la ropa y en la identificación de las huellas. No siempre hubo prolijidad. Salían en la noche a buscar cuerpos, pero era difícil establecer después que el cuerpo uno era el que encontraron en la carretera San Martín y el cuerpo dos era el que estaba en Maipú, por ejemplo. No había seguridad de que hayan coincidido bien los datos,” afirmó a Archivos Chile.

Afuera, los funcionarios del IML colgaron listas con los nombres de los fallecidos identificados. A pesar de que muchos habían llegado a la morgue con alguna documentación y sus identidades fueron confirmadas por el Registro Civil –aunque no siempre acertadamente–, eran listas escuálidas, “un número ridículo en comparación con la cantidad de cadáveres adentro,” recordó Héctor Herrera, uno de los funcionarios del Registro Civil enviados a la morgue a tomar muestras dactiloscópicas a los cadáveres.

Proporcionalmente, eran pocos los familiares que acudían a la morgue en los primeros días, dijo la secretaria del Dr. Vargas, Adelina Gaete, quien debió atender a algunos familiares en ese periodo. “Afuera del IML no llegó casi nadie al comienzo. Días después comenzaron a venir familiares. Nosotros revisamos los protocolos de autopsia para ver si alguien podría calzar con la descripción de la persona que buscaban,” dijo.

Las familias vivían otro ángulo de la tragedia: mientras sus seres queridos yacían en el suelo esperando su turno de autopsia, ellos recorrían hospitales, centros de detención, oficinas gubernamentales, organismos internacionales, fiscalías militares, comisarías y regimientos en su búsqueda.

Las fichas de la Vicaría de la Solidaridad sobre detenidos-desaparecidos en los primeros meses de dictadura militar son testimonio del largo peregrinaje y las interminables puertas que golpearon padres, hermanos y cónyuges de personas que habían sido arrestadas y cuyo paradero aún se desconocía. La morgue siempre fue el último lugar, el más resistido.

Además, había temor. “Afuera siempre había organismos de seguridad y a veces detenían a los familiares. Había familiares que no se atrevían a ir por miedo a quedar detenidos en la misma puerta del servicio. Había muchos civiles infiltrados que los detectaban en la entrada,” dijo Sergio Cornejo, quien de adolescente acompañaba a su padre a su trabajo en la morgue.

No obstante, muchos familiares acudieron al recinto en Avenida La Paz en busca de sus seres queridos. Los auxiliares — y en algunos casos, militares o policías — debían acompañarlos a la Sala de Exposición. “Los auxiliares se sentían bien afectados también por la situación, y tomaron cuidado de no llevar a los familiares donde estaban los cuerpos tirados en los pasillos,” agregó Gaete.

Algunos no los encontraron, a pesar de que estaban ahí en calidad de NN. En otros casos, sus nombres nunca fueron anotados en el libro de ingreso de la morgue, por lo que su presencia ahí les era negada. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).

Ismael Rodríguez encontró a su hermano Luis, fusilado en el Puente Bulnes el 14 de octubre junto a un grupo de pobladores de Puente Alto, en un ataúd abierto con su cuerpo destrozado. Lo había estado buscando durante una semana, desde que Carabineros lo detuvo con un grupo de amigos,[7] y su familia aún no sabía nada de él.

Luis Verdejo, padre de uno de los amigos arrestados con el hermano de Rodríguez, se enteró de que su hijo se encontraba en la morgue. Le avisó a Ismael Rodríguez y éste partió al IML con otros familiares.

“Fue impactante cuando entré. Había cientos de cuerpos en el suelo, en el pasillo, todos desnudos. Un señor de delantal blanco y botas negras los manguereaba con agua fría, supongo que para preservar los cuerpos. Algunos tenían la cicatriz de la  autopsia. Había niños, mujeres, ancianos, de todo. Vi un cadáver con el puño en alto; estaba tieso. Nunca le pudieron bajar el brazo,” dijo Ismael Rodríguez a ArchivosChile.

En las cámaras frigoríficas, encontraron a Verdejo y a Leonidas Isabel Díaz, una niña de 14 años que estaba embarazada y que había sido arrestada con ellos.

“Abrí un frigorífico y vi a Verdejo, con la cara y el pecho hecha tira por las balas. Abrí otro y vi a la muchacha. Su cuerpo estaba cortado y su bebé de seis meses de gestación estaba al lado, todavía atado al cordón umbilical. El bebé no tenía balas. El vientre de la muchacha estaba destrozado por las balas, pero no le pasó nada al bebé,” relató Rodríguez. Luego encontró a otros dos amigos que habían sido detenidos con su hermano: Jaime Bastías y Luis Toro.[8]

Leonidas Isabel Díaz fue ejecutada en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Tenía 14 años y seis meses de embarazo. (Fotografía: www.memoriaviva.com)

Rodríguez se acercó a cuatro ataúdes sin tapa marcados “NN”, apilados desordenadamente uno encima de otro.

“Pude ver a mi hermano, desnudo, en el cajón más abajo,” relató Rodríguez. “No me convencía, no podía creer que estaba ahí. Entonces lo tomé por debajo del cuerpo para tratar de sacarlo del cajón. Tenía un tremendo hoyo en la espalda. Al parecer aún le quedaba aire en las cuerdas vocales, porque cuando lo tomé, soltó un suspiro,” recuerda Rodríguez.

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Lea también:

• Introducción
• Vea el mapa interactivo
• Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer
• Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”
• Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
• El agujero negro de las fiscalías militares
  • La piromanía del ’89: Expedientes incinerados
• Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
• El extraño caso de los dos Luis Curivil
• Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973
• El Libro Transfer del Instituto Médico Legal

Tumbas en el Cementerio General de Santiago. Fotografía: David Burnett/Contact Press Images.

• Descargue base de datos con los 150 casos

A las morgues de Santiago, Antofagasta, Quillota y Valdivia[1] ingresaron los cuerpos de 150 personas durante los tres primeros meses de dictadura militar que, dada las características de sus muertes, podrían tratarse de posibles ejecutados políticos que no han sido calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

De ellos, 84 cuerpos permanecieron como “NN”[2], es decir, sin identificar,[3] por lo que fue imposible que sus casos pudieran ser presentados ante las tres comisiones de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han emitido informes oficiales al respecto desde 1991.[4]

Esta información del SML permitiría cruzar las circunstancias de sus muertes –por ejemplo, la fecha, hora y lugar del deceso– con los datos sobre detenidos-desaparecidos disponibles en estos informes.

Los otros 68 están plenamente identificados pero hasta el momento no han sido calificados como víctimas. No fue posible saber si las comisiones investigaron los casos o si bien tomaron alguna determinación al respecto.

En los 150 casos “potenciales” compilados por ArchivosChile, los datos entregados por el Servicio Médico Legal sobre fallecidos entre septiembre y diciembre de 1973 permiten conjugar las circunstancias y naturaleza de sus muertes. Al cruzar la información, los datos apuntan en el sentido de que se trataría de probables víctimas de la represión política, al seguir un mismo patrón que las víctimas calificadas. Las características consideradas incluyen la causa y lugar de muerte, la jurisdicción militar sobre sus casos y el lugar desde donde fue derivado el cuerpo a la morgue (la “procedencia”).

ArchivosChile publica la lista de los 150 casos (ver lista completa) con los datos correspondientes del Servicio Médico Legal. La columna “Causa Potencial Caso DH” indica las distintas categorías que caracterizan a estos muertos como potenciales ejecutados políticos: “FM” se refiere a la jurisdicción de la Fiscalía Militar; “DAF” alude a Disparo de Arma de Fuego como causa de muerte; “Herida” indica la naturaleza de la herida mortal; y “Lugar” se refiere al lugar del deceso o a la procedencia.

La totalidad de estas 150 personas murió por heridas de bala o víctimas de “explosiones”, como consignan sus informes de autopsia. Por ejemplo, Francisco Contreras Morales, de Quillota, falleció a causa de una “granada en la boca”, según los registros del SML de esa ciudad, mientras que Mario Uribe Sánchez, cuyo cuerpo fue remitido por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, murió debido a una “atrición céfalo cérvico torácica por explosión de arma de fuego”, como describió sus heridas de bala en la cabeza y el pecho el médico legista Humberto Rhea.

En muchos casos, las heridas de bala descritas en los informes de autopsia indican certeras ejecuciones: disparos en la cabeza o el tórax, o verdaderos acribillamientos, con heridas de bala en múltiples partes del cuerpo. Julio Rojas Leal, por ejemplo, fue encontrado en el kilómetro 18 de la Carretera General San Martín con heridas de bala en la cara, el pecho, el abdomen y en sus extremidades, según dio cuenta el informe de autopsia. Fue asesinado el 11 de octubre de 1973.

En 14 casos los informes de autopsia consignan una acción homicida.

Además de morir baleadas, 117 de estas 150 personas fueron remitidas por fiscalías militares, lo que significa que la justicia militar asumió la jurisdicción de sus casos para una eventual investigación criminal que nunca se inició, como sucedió en 90 por ciento de los casos confirmados de derechos humanos. (Ver artículo El agujero negro de las fiscalías militares)

Otras 22 de las 150 personas aparecen en los registros del SML como remitidas por juzgados del crimen, como se seguía haciendo en los casos de muertes violentas comunes, pero la naturaleza de su causa de muerte también insinúa que podría tratarse de ejecuciones políticas. Todos ellos, salvo dos, murieron por heridas de bala en la cabeza o el tórax o en ambas partes, o por “múltiples heridas de bala”, según concluyeron sus informes de autopsia. En un caso de Antofagasta, no se anotó el tribunal que remitió el cuerpo.

En más de 80 casos se conjugaron tres, y a veces cuatro, factores que indicarían un alto grado de probabilidad de que se tratase de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La combinación de características que más se repite (“FM+DAF+Lugar”) – en 72 de los 150 fallecidos– es la jurisdicción de las fiscalías militares, el disparo de arma de fuego como causa de muerte, y el lugar del deceso o de procedencia, todo lo cual indica probable acción militar. Sólo en un caso se presenta una sola característica –el tipo de herida. Pero es dudoso que la explosión de una granada en la boca de Francisco Contreras Morales, de Quillota, se haya producido accidentalmente.

En algunas situaciones, se agrega a este cuadro el sitio donde fue encontrado el cuerpo o el lugar donde la persona murió; en muchas ocasiones se trató de sitios habitualmente usados para las ejecuciones políticas.

De acuerdo a estos antecedentes, entre las potenciales víctimas políticas en Santiago, 17 fueron muertas en el Río Mapocho; otras cuatro en puentes sobre el río; 14 en canales de la Región Metropolitana; cinco en avenida Departamental con Macul; tres en el Cementerio Metropolitano; dos en la Escuela de Infantería de San Bernardo; dos en la Carretera General San Martín y dos en el Cerro Chena.

También hubo heridos de bala muertos en el Regimiento Guardia Vieja, como Nelson Cañas Alegría; en “arsenales de guerra”, como Domingo Alfaro Norambuena; y en la Escuela de Especialidades, como Mario Jara Gómez.

El lugar de procedencia, es decir, desde donde era derivado el cuerpo hacia la morgue, también da luces sobre la posible condición de ejecutado político. En 32 casos, la procedencia era “Fiscalía Militar” y en otros 11, “Fiscalía”. También se anotaron lugares de procedencia como “Fuerza Aérea” y “Regimiento Tacna”.

Respecto de José Manuel Salas y Eduardo Cubillas Portillas, ambos de Antofagasta, la procedencia que anotó la morgue de esa ciudad fue la “Jefatura de Zona en Estado de Sitio”, en el caso de Salas, y en el de Cubillas, el “Batallón Telecomunicaciones Nº 1”. Esto ofrece un fuerte indicio de que sus muertes no fueron crímenes comunes.

Y hay un caso aún más evidente: el de Luis Curivil Pranamil, cuyos datos de la morgue fueron recogidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para calificar como víctima de violaciones a los derechos humanos a otra persona con una sorprendente similitud de nombre: Luis Curivil Tranamil, asesinado por desconocidos antes del golpe militar. (Ver: El extraño caso de los dos Luis Curivil)

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• Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
• El extraño caso de los dos Luis Curivil
• Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973
• El Libro Transfer del Instituto Médico Legal

El Libro Transfer del SML muestra el ingreso y salida de Luis Curivil Tranamil, muerto el 3 de septiembre de 1973 y calificado como víctima de violaciones a los derechos humanos. (A&D Fotografía)

El libro de ingreso de fallecidos al Instituto Médico Legal en Santiago (Libro Transfer) en 1973 revela que la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), cuyo informe fue publicado en 1996, calificó erróneamente a una víctima de violación a sus derechos humanos, al confundir sus datos por los de otro hombre asesinado antes del golpe militar.

De acuerdo al Libro Transfer, Luis Curivil Pranamil murió baleado en la vía pública a las 8 de la mañana del 13 de septiembre, como lo establece su certificado de defunción. Ingresó a la morgue tres horas después, remitido por la Segunda Fiscalía Militar, y semanas más tarde, fue “incinerado como indigente” en el Cementerio General, como indican los archivos del camposanto.

Muerto antes del golpe

Sin embargo, la familia de Luis Curivil Pranamil nunca denunció el caso a las distintas comisiones oficiales que han calificado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La que sí lo hizo fue la familia de otra persona cuyo nombre se distingue del primero en una sola letra del segundo apellido: Luis Curivil Tranamil. Este último murió más de una semana antes del golpe militar, víctima de un crimen común.

La CNRR[1] calificó a Luis Curivil Tranamil, quien fue acuchillado por desconocidos en la esquina de Alameda con Almirante Barroso el 3 de septiembre de 1973, como víctima de la represión política, a pesar de que ni la fecha ni la causa de su muerte, ni las circunstancias de su fallecimiento descritas por el familiar que presentó el caso, corresponden a una ejecución política.

Luis Curivil Tranamil era un joven obrero oriundo de Nueva Imperial en la región de La Araucanía, quien, según el registro del Instituto Médico Legal y su certificado de defunción, [2]  murió por una “herida de arma cortopunzante” en el corazón el 3 de septiembre de 1973.

Sus restos fueron reconocidos en la morgue por sus familiares. Una cuñada retiró el cuerpo el 7 de septiembre y fue sepultado en el Cementerio Metropolitano de Santiago, según el registro del IML. Aún no se producía el golpe militar.

Sin embargo, en 1994, un hermano de la víctima que había estado con él la noche previa a su muerte, Julio Curivil Tranamil, presentó el caso ante la CNRR y prestó declaración ante el detective Abel Lizama. Con esa única declaración, a la que ArchivosChile tuvo acceso, Luis Curivil Tranamil quedó calificado como víctima de la represión política.

En esa declaración, Julio Curivil Tranamil dijo no poder precisar la fecha, pero una noche de 1973 él y su hermano Luis fueron interceptados por un grupo de personas mientras caminaban hacia el centro de Santiago en total estado de ebriedad. Habían estado bebiendo en un restaurante después de dejar a su padre en la Estación Central.

Los atacantes –no pudo precisar si se trataba de civiles o uniformados– les propinaron una golpiza que lo dejó inconciente en una excavación del Metro. Julio Curivil dijo que fue rescatado del lugar a la mañana siguiente, “cuando llegaron los trabajadores del Metro”. Ahí se dio cuenta de que su hermano Luis no estaba con él. Lo encontraron después en la morgue, donde había ingresado como “NN”.

En el Instituto Médico Legal se le informó a la familia que Luis Curivil había muerto “por unas puntadas”, declaró Julio Curivil Tranamil al detective.

Sin embargo, el relato era poco plausible. Si hubiese sido el 13 de septiembre – fecha en que fue baleado Luis Curivil Pranamil- era imposible que los trabajadores del Metro hubiesen llegado a su trabajo, ya que había toque de queda hasta el medio día y nadie podía acudir a sus labores, con escasas excepciones. Por la misma razón, habría sido altamente improbable que los dos hermanos hubiesen estado bebiendo en un restaurante hasta tarde de la noche anterior, 12 de septiembre, y menos que hayan hecho la caminata desde la Estación Central hasta llegar casi al palacio presidencial en pleno toque de queda, con la capital bajo ocupación militar.

Dos hombres distintos

Registro de ingreso a la morgue de Luis Curivil Pranamil, muerto el 13 de septiembre de 1973. (A&D Fotografía)

La otra víctima, Luis Curivil Pranamil, ingresó al IML con su identificación el 13 de septiembre. Murió de dos balas en el pecho, una en el estómago y dos en las extremidades. Su caso quedó bajo la jurisdicción de la Segunda Fiscalía Militar.

Luis Curivil Pranamil no fue reconocido ni retirado por sus familiares desde la morgue, según consta en su protocolo de autopsia. No existe –al menos en los archivos disponibles hoy en el Registro Civil– ninguna ficha dactiloscópica que confirmara su identidad.

La comparación de datos del Libro Transfer con los archivos del Cementerio General revela versiones contradictorias sobre su salida de la morgue y su entierro. Según el Libro Transfer, sus restos fueron trasladados al Cementerio General el 3 de octubre de 1973. Sin embargo, el pase de sepultación que otorgó el Servicio Médico Legal y quedó archivado en el Cementerio General señala que llegó al camposanto quince días después: “Occiso enviado sin deudo directamente por el Instituto Médico Legal, protocolo 2692, 18 octubre 1973”.

Luis Curivil Pranamil fue trasladado directamente al crematorio, de acuerdo a la documentación del Cementerio General que ArchivosChile pudo revisar. En su ficha aparece su destino final: “Incinerado como indigente. Cenizas guardadas en el crematorio”. Su familia nunca denunció su muerte ante las comisiones de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Los informes de autopsia de los dos Luis Curivil indican que fueron efectivamente dos hombres distintos, que se distinguen claramente según su estatura y peso. Según los informes de autopsia –consultados a través de terceras personas– Luis Curivil Tranamil medía 1.67 metros y pesaba 68 kilos, mientras que Luis Curivil Pranamil medía 1.75 metros y pesaba 80 kilos.

La Corporación confundió los antecedentes proporcionados por el hermano de Luis Curivil Tranamil con la verdadera víctima de la represión política, Luis Curivil Pranamil. Aparentemente, la CNRR no tomó en cuenta estas incongruencias, ni tampoco se percató de que el certificado de defunción que adjuntó a su caso correspondía a Luis Curivil Pranamil, mientras que el certificado de nacimiento que tuvo a la vista pertenecía a Luis Curivil Tranamil. Tampoco, al parecer, revisó los registros del Servicio Médico Legal del mes de septiembre de 1973, donde se observa que Luis Curivil Tranamil murió acuchillado el 3 de septiembre, y al momento del golpe militar, ya estaba enterrado.

En su declaración policial Julio Curivil Tranamil señala que la muerte de su hermano nunca fue investigada. No está claro con qué propósito presentó el caso ante la Corporación en 1994. De acuerdo al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ninguna de las dos familias Curivil está recibiendo los beneficios otorgados a las familias de las víctimas de la represión.

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